CANARIAS: DE LA ARQUITECTURA DEL VASALLAJE AL ABISMO DE LA ZONA HOSTIL

Por JOSÉ MANUEL RIVERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La realidad de Canarias no puede comprenderse mediante el análisis de fragmentos inconexos; exige aprehender la totalidad histórica de nuestra función geopolítica en el actual tablero mundial. Lo que hoy presenciamos no es una mera inercia administrativa, sino una profunda reconfiguración estructural destinada a integrar al Archipiélago, de forma irreversible, en el engranaje global del complejo militar-industrial liderado por los intereses estratégicos de Estados Unidos y el ente sionista de Israel. Bajo la retórica legitimadora de la «diversificación económica», se está orquestando la transformación de nuestra tierra en una plataforma logística y tecnológica para la guerra, una operación de vasallaje donde las élites empresariales locales, agrupadas en la CEOE, operan en simbiosis con la consultora transnacional PwC (PricewaterhouseCoopers) y entidades públicas como Proexca.

   Esta mutación estructural se ha hecho evidente -según informa el digital Canarias7, el 30 de marzo de 2026- con la creación del denominado Clúster Canario de la Industria de Defensa, orquestado en Tenerife por la CEOE y PwC, en connivencia con entidades públicas como Proexca y el Cabildo de Tenerife. Bajo el pretexto de la «diversificación económica», asistimos a la integración de nuestras islas en la maquinaria de guerra de la OTAN, financiando infraestructuras de «doble uso» con más de 50 millones de euros de fondos públicos a través de consorcios como CIDIHUB - Canary Islands Digital Innovation Hub - que involucran al Instituto Tecnológico de Canarias y a nuestras universidades públicas (ULL y ULPGC). No se trata solo de innovación; es la inserción de capitales y tecnología de guerra en nuestro tejido productivo. En este esquema, destaca la influencia de entidades como Arquimea, empresa puntera del sector defensa vinculada a la industria militar de Israel, con sede en Tenerife y patrono de la Fundación Ferrer-Dalmau, que actúa como un verdadero laboratorio de pensamiento —think tank— de orientación pro-OTAN. Esta alianza de intereses moviliza fondos públicos hacia el desarrollo de infraestructuras de «doble uso», lo que constituye, en la práctica, una transferencia de recursos del pueblo canario para engrasar una maquinaria bélica responsable del genocidio en Palestina, la invasión criminal del Líbano y la escalada de guerra ilegal que Estados Unidos e Israel sostienen contra Irán. El pueblo canario que dijo No a la OTAN el 12 de marzo de 1986 no puede consentir que las Islas Canarias cooperen o contribuyan a esta barbarie.

   El engranaje se completa con un factor estratégico de primer orden: el aprovechamiento de la Zona Especial Canaria (ZEC) como un semiparaíso fiscal para la instalación del complejo industrial militar estadounidense-sionista. La ZEC, concebida originariamente para compensar los sobrecostes de la insularidad, se está instrumentalizando para atraer, con una fiscalidad de baja tributación, a empresas armamentísticas internacionales  que buscan un enclave cercano al continente africano desde el cual depredar colonialmente con mínimo coste operativo y escasa presión social. En concreto, este entramado fiscal, articulado en torno al Régimen Económico y Fiscal (REF) y sus incentivos —Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), Deducción por Inversiones en Canarias (DIC)—, está siendo ofertado  para que sea capitalizado por el complejo militar-industrial estadounidense sionista para establecer en el Archipiélago un hub de producción y proyección de tecnología bélica hacia el Sahel, el Golfo de Guinea y el Atlántico Sur. La empresa canaria Arquimea, que fabrica municiones merodeadoras y aspira a controlar desde Tenerife una constelación de satélites de defensa, es el paradigma de esta simbiosis entre ventajas fiscales y producción de guerra. No se trata de una oportunidad de desarrollo local, sino de convertir a Canarias en una avanzadilla del colonialismo depredador a las puertas de África.

   Lo que está en juego, sin embargo, es mucho más vasto: las tierras raras submarinas que circundan el Archipiélago y su posición para el control de las grandes reservas africanas de recursos naturales. A unas 260 millas al suroeste de El Hierro, más allá de las 200 millas de jurisdicción marítima reconocida, se eleva el Monte Tropic, parte de una cadena de más de cien montes submarinos conocida como Las Abuelas de Canarias, antecesoras geológicas del archipiélago. En Tropic y en los montes cercanos se han identificado costras de manganeso, nódulos polimetálicos y depósitos con presencia de telurio, cobalto, níquel, cobre y tierras raras. Las estimaciones señalan que el telurio contenido en Tropic —unas 2.670 toneladas— permitiría cubrir las necesidades de producción de 277 millones de coches eléctricos y satisfacer el consumo energético de países enteros. Por este motivo, la Unión Europea ha catalogado el área como reserva estratégica de materias primas críticas. Sin embargo, esa riqueza se encuentra en un limbo legal: España presentó en 2014 ante la ONU una solicitud para extender su plataforma continental hasta 350 millas, pero la decisión aún no ha llegado. Mientras tanto, Marruecos, que ha optado por actuar de forma unilateral ampliando sus aguas hasta integrar zonas del Sáhara Occidental y parte del espacio que España vincula al archipiélago canario, ha hecho su propia oferta: su soberanía sobre Tropic a cambio de que España obtenga «seguridad jurídica reforzada para Canarias y acceso regulado a oportunidades estratégicas». Esta pugna por el fondo marino revela la verdadera naturaleza de la relación con Rabat: no es un conflicto bilateral, sino una negociación en la que Canarias es moneda de cambio y sus recursos submarinos, botín.

   Pero el expolio de los recursos del Sáhara Occidental no se limita a las profundidades oceánicas. En tierra, los fosfatos de Bou Craa, explotados por la filial marroquí Phosboucraa con una producción anual de alrededor de 2,6 millones de toneladas, generan beneficios que subvencionan en gran medida la ocupación ilegal del territorio. El grupo estatal marroquí OCP registró en 2025 unos ingresos de 52.166 millones de dírhams (4.903 millones de euros) solo en el primer semestre. Esta riqueza, extraída sin el consentimiento del pueblo saharaui, financia la consolidación y expansión de la anexión, contraviniendo el derecho internacional y las sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han anulado los acuerdos pesqueros y comerciales con Marruecos por incluir ilegalmente al Sáhara Occidental. A ello se añaden los recursos piscícolas de los caladeros del Sáhara, explotados históricamente por la flota europea en virtud de acuerdos que la justicia comunitaria declaró nulos y cuya renovación Bruselas negocia de nuevo, pese al contencioso de fondo. Completan este tablero los recursos petroleros y gasísticos del Golfo de Guinea —con países como Nigeria, Angola o Ghana como grandes productores—, cuyas rutas de exportación hacia Europa y América pasan necesariamente por las aguas canarias. Quien controla el Archipiélago controla el acceso a esas reservas energéticas y puede proyectar poder naval sobre una de las regiones más codiciadas del planeta.

   Canarias, situada a escasos kilómetros de la costa marroquí, se erige así en plataforma de control y proyección sobre toda esta riqueza africana. Quien controla las islas tiene el control sobre las rutas comerciales del Atlántico Sur, vitales para el comercio con América Latina, y sobre el acceso al Sahel, una de las zonas más inestables del mundo y rica en recursos naturales como uranio en Níger, oro en Malí y coltán. No es casualidad, por tanto, que la OTAN y sus socios regionales estén redoblando su presencia en el Archipiélago: convertir a Canarias en un nodo logístico avanzado equivale a tomar posiciones en el tablero africano del siglo XXI.

   Para que esta ocupación material sea sostenible, el bloque dominante requiere la fabricación de un consenso social mediante el funcionamiento de los aparatos ideológicos. Es aquí donde la prensa oligárquica canaria asume su papel de «periodismo de guerra», inoculando sistemáticamente rusofobia y sinofobia en la opinión pública. Al presentar la circulación de gaseros rusos como una amenaza existencial bajo el constructo propagandístico de la «flota en la sombra», o al fantasear con un «Gran Hermano» africano financiado por China, estos medios no informan, sino que construyen un enemigo artificial. El objetivo es nítido: generar un clima de miedo que justifique la toma de control militar efectivo del Archipiélago por parte de la OTAN y valide el uso de nuestros puertos y aeropuertos para operaciones de agresión imperialista en el Sahel, el Atlántico Sur y el Golfo de Guinea.

  Esta dinámica de proyección exterior tiene su correlato interno en el disciplinamiento de la población. Estamos ante un estado de sitio de facto. El despliegue de unidades de la Brigada Canarias XVI en Lanzarote, así como en otras islas del Archipiélago, realizando patrullas de vigilancia en zonas civiles y rurales, e impartiendo charlas de adoctrinamiento en valores militares en centros de bachillerato, representa un salto cualitativo hacia la militarización de la vida cotidiana. Se busca normalizar la bota militar en el paisaje social para que la ciudadanía acepte su condición subalterna y su vulnerabilidad inducida.

  El riesgo es inminente y extremo. Al convertirnos en una gasolinera avanzada y nodo logístico para conflictos ajenos, Canarias está siendo empujada a la categoría de «zona hostil». El paralelismo con la situación de inestabilidad bélica y peligro que actualmente se vive en el Golfo Pérsico no es una hipérbole, sino una advertencia real fundamentada en la praxis geopolítica actual. La seguridad de nuestras islas y la de la navegación en nuestras aguas han sido sacrificadas para favorecer el control neocolonial de las rutas atlánticas y apuntalar a la satrapía marroquí en su ilegal pretensión de anexión del Sáhara Occidental, contraviniendo el derecho internacional.

  En este contexto, la influencia de Israel sobre Marruecos se revela como una pieza clave del tablero regional. En enero de 2026, ambos países firmaron en Tel Aviv un plan de trabajo militar bilateral que profundiza la cooperación iniciada en 2020 bajo los Acuerdos de Abraham, con mediación estadounidense. Este acuerdo, el tercero de su tipo, incluye debates estratégicos, coordinación en objetivos de seguridad común y el refuerzo de capacidades militares marroquíes mediante tecnología e inteligencia israelíes. La normalización se selló a cambio del reconocimiento por parte de Estados Unidos —e Israel en julio de 2023— de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental ocupado. Marruecos se consolida así como socio militar estructural de Israel en el norte de África, mientras que Tel Aviv obtiene un aliado clave para sus intereses estratégicos en la fachada atlántica africana. Esta alianza no solo perpetúa la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, sino que convierte a Canarias, situada a escasos kilómetros de la costa marroquí, en un enclave de vigilancia y proyección militar de esa asociación depredadora.

  Frente a esta arquitectura del exterminio y la manipulación, más de cincuenta organizaciones sociales y sindicales han alzado la voz denunciando ante el Gobierno de Canarias la militarización del Archipiélago Canario y exigiendo la paralización de los convenios con empresas armamentísticas para instalarse en nuestro territorio. La única salida jurídica y política que garantiza nuestra supervivencia frente a las lógicas del imperialismo es la conquista de un Estatuto de Neutralidad Activa. Este estatuto, reconocido internacionalmente, debe blindar a Canarias como un territorio de paz, desnuclearizado y estrictamente excluido de las estructuras de mando y logística de la OTAN. Solo mediante la neutralidad efectiva podremos impedir que nuestro suelo y nuestro mar sigan siendo utilizados como tablero de juego para las guerras de agresión que hoy asolan el mundo.

(*) José Manuel Rivero es abogado-Analista político.