CANARIAS: UNA TIERRA RICA QUE CONDENA A TRES DE CADA DIEZ PERSONAS A LA POBREZA
La pobreza baja en las estadísticas, pero no desaparece de los hogares
La pobreza no es una cifra estadística. Detrás de cada porcentaje hay familias que recortan en alimentación, personas que destinan una parte insoportable de sus ingresos al alquiler y trabajadores cuyos salarios no garantizan unas condiciones de vida dignas.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La pobreza no es una cifra estadística. Detrás de cada porcentaje hay familias que recortan en alimentación, personas que destinan una parte insoportable de sus ingresos al alquiler y trabajadores cuyos salarios no garantizan unas condiciones de vida dignas.
Los últimos datos muestran una cierta mejoría en Canarias, pero también la persistencia de un problema estructural. Según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE en febrero de 2026, el 31,2% de la población canaria estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025. La media estatal era del 25,7%. Canarias presentaba además un 22,9% de población en riesgo de pobreza, un 9,3% en carencia material y social severa y un 11,6% viviendo en hogares con baja intensidad laboral.
La situación ha mejorado respecto a años anteriores, pero las Islas continúan entre los territorios con peores indicadores sociales del Estado. Solo Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia registraban tasas AROPE superiores en 2025. Es decir: la pobreza disminuye, pero sigue afectando aproximadamente a tres de cada diez habitantes de Canarias.
El IMV crece, pero todavía deja fuera a cientos de miles de hogares. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue aprobado en 2020 por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos como uno de los grandes instrumentos para combatir la pobreza severa.
Seis años después, su extensión es considerablemente mayor que cuando se redactó originalmente este artículo. En julio de 2026 el IMV llegaba ya a 879.225 hogares y 2.682.646 personas en el conjunto del Estado. Más de un millón de beneficiarios eran niños y adolescentes. La prestación media alcanzaba los 504,5 euros mensuales por hogar.
Por tanto, ya no sería correcto afirmar que el IMV ni siquiera ha alcanzado las 850.000 familias que inicialmente se plantearon como objetivo. Ese umbral se ha superado. Pero cumplir una previsión administrativa no significa haber resuelto el problema.
La última evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), publicada en julio de 2026, revela que el 52% de los hogares que cumplen los requisitos para recibir el IMV siguen sin solicitarlo. En el Complemento de Ayuda para la Infancia el porcentaje alcanza el 71%. La AIReF insiste en simplificar los requisitos y avanzar hacia mecanismos automáticos de reconocimiento de las prestaciones.
La burocracia sigue funcionando así como una frontera social: tener reconocido formalmente un derecho no garantiza poder ejercerlo.
La Renta Canaria de Ciudadanía: más dinero, pero un desarrollo todavía incompleto
Algo parecido ocurre con la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), aprobada en diciembre de 2022 para sustituir y ampliar la antigua Prestación Canaria de Inserción. El Gobierno canario sostiene que la cuantía de la RCC se ha incrementado un 29,75% entre 2023 y 2026 y que cerca de 13.000 hogares se benefician actualmente de la prestación. Para 2026, el Ejecutivo ha situado sus recursos en torno a los 113 millones de euros.
Sin embargo, una parte esencial de la ley continúa pendiente. Los propios Presupuestos de Canarias para 2026 reconocen que los complementos de vivienda y educación previstos en la RCC siguen a la espera de desarrollo reglamentario. En el caso de las pensiones no contributivas se ha establecido para 2026 un complemento de 400 euros, pagadero en dos abonos, aunque también continúa pendiente el desarrollo reglamentario integral contemplado por la ley.
Han pasado más de tres años desde la aprobación de la RCC. Resulta difícil presentar como plenamente desarrollada una ley cuando algunos de los instrumentos destinados precisamente a combatir los principales gastos de las familias vulnerables continúan sin desplegarse.
El problema no termina con las prestaciones
Cuando el salario no permite pagar una vivienda; cuando tener empleo no garantiza escapar de la pobreza; cuando los alquileres absorben una parte creciente de los ingresos familiares y los servicios públicos no cubren suficientemente las necesidades sociales, las prestaciones terminan actuando sobre las consecuencias sin eliminar las causas.
La pobreza no surge porque falten recursos en la sociedad. Surge también de cómo se distribuye la riqueza producida, quién se apropia de ella y qué parte retorna a la población mediante salarios, servicios públicos y protección social.
Los últimos datos permiten afirmar que las políticas sociales han conseguido avances. Negarlo sería falsear la realidad. Pero tampoco permiten proclamar que el problema esté cerca de resolverse.
Mientras tres de cada diez canarios continúen en riesgo de pobreza o exclusión y miles de hogares con derecho a prestaciones permanezcan fuera de ellas, la cuestión fundamental seguirá abierta: no solamente cuánto dinero se destina a gestionar la pobreza, sino qué estructura económica continúa produciéndola.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La pobreza no es una cifra estadística. Detrás de cada porcentaje hay familias que recortan en alimentación, personas que destinan una parte insoportable de sus ingresos al alquiler y trabajadores cuyos salarios no garantizan unas condiciones de vida dignas.
Los últimos datos muestran una cierta mejoría en Canarias, pero también la persistencia de un problema estructural. Según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE en febrero de 2026, el 31,2% de la población canaria estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025. La media estatal era del 25,7%. Canarias presentaba además un 22,9% de población en riesgo de pobreza, un 9,3% en carencia material y social severa y un 11,6% viviendo en hogares con baja intensidad laboral.
La situación ha mejorado respecto a años anteriores, pero las Islas continúan entre los territorios con peores indicadores sociales del Estado. Solo Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia registraban tasas AROPE superiores en 2025. Es decir: la pobreza disminuye, pero sigue afectando aproximadamente a tres de cada diez habitantes de Canarias.
El IMV crece, pero todavía deja fuera a cientos de miles de hogares. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue aprobado en 2020 por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos como uno de los grandes instrumentos para combatir la pobreza severa.
Seis años después, su extensión es considerablemente mayor que cuando se redactó originalmente este artículo. En julio de 2026 el IMV llegaba ya a 879.225 hogares y 2.682.646 personas en el conjunto del Estado. Más de un millón de beneficiarios eran niños y adolescentes. La prestación media alcanzaba los 504,5 euros mensuales por hogar.
Por tanto, ya no sería correcto afirmar que el IMV ni siquiera ha alcanzado las 850.000 familias que inicialmente se plantearon como objetivo. Ese umbral se ha superado. Pero cumplir una previsión administrativa no significa haber resuelto el problema.
La última evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), publicada en julio de 2026, revela que el 52% de los hogares que cumplen los requisitos para recibir el IMV siguen sin solicitarlo. En el Complemento de Ayuda para la Infancia el porcentaje alcanza el 71%. La AIReF insiste en simplificar los requisitos y avanzar hacia mecanismos automáticos de reconocimiento de las prestaciones.
La burocracia sigue funcionando así como una frontera social: tener reconocido formalmente un derecho no garantiza poder ejercerlo.
La Renta Canaria de Ciudadanía: más dinero, pero un desarrollo todavía incompleto
Algo parecido ocurre con la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), aprobada en diciembre de 2022 para sustituir y ampliar la antigua Prestación Canaria de Inserción. El Gobierno canario sostiene que la cuantía de la RCC se ha incrementado un 29,75% entre 2023 y 2026 y que cerca de 13.000 hogares se benefician actualmente de la prestación. Para 2026, el Ejecutivo ha situado sus recursos en torno a los 113 millones de euros.
Sin embargo, una parte esencial de la ley continúa pendiente. Los propios Presupuestos de Canarias para 2026 reconocen que los complementos de vivienda y educación previstos en la RCC siguen a la espera de desarrollo reglamentario. En el caso de las pensiones no contributivas se ha establecido para 2026 un complemento de 400 euros, pagadero en dos abonos, aunque también continúa pendiente el desarrollo reglamentario integral contemplado por la ley.
Han pasado más de tres años desde la aprobación de la RCC. Resulta difícil presentar como plenamente desarrollada una ley cuando algunos de los instrumentos destinados precisamente a combatir los principales gastos de las familias vulnerables continúan sin desplegarse.
El problema no termina con las prestaciones
Cuando el salario no permite pagar una vivienda; cuando tener empleo no garantiza escapar de la pobreza; cuando los alquileres absorben una parte creciente de los ingresos familiares y los servicios públicos no cubren suficientemente las necesidades sociales, las prestaciones terminan actuando sobre las consecuencias sin eliminar las causas.
La pobreza no surge porque falten recursos en la sociedad. Surge también de cómo se distribuye la riqueza producida, quién se apropia de ella y qué parte retorna a la población mediante salarios, servicios públicos y protección social.
Los últimos datos permiten afirmar que las políticas sociales han conseguido avances. Negarlo sería falsear la realidad. Pero tampoco permiten proclamar que el problema esté cerca de resolverse.
Mientras tres de cada diez canarios continúen en riesgo de pobreza o exclusión y miles de hogares con derecho a prestaciones permanezcan fuera de ellas, la cuestión fundamental seguirá abierta: no solamente cuánto dinero se destina a gestionar la pobreza, sino qué estructura económica continúa produciéndola.
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