LA ALDEA DEFIENDE SU MAR: LAS RAZONES SOCIALES Y CIENTÍFICAS CONTRA LA MACROGRANJA
¿Por qué el Gobierno canario mantiene la tramitación de una explotación de 24 jaulas frente al rechazo vecinal y las objeciones ambientales?
El colectivo vecinal «No a las Macrogranjas Marinas» ha reunido 12.117 firmas contra el proyecto de 24 jaulas frente a La Aldea y Artenara. Sus alegaciones, las objeciones técnicas y los estudios científicos sobre los riesgos de estas explotaciones refuerzan una lucha por preservar el litoral y la pesca artesanal frente al negocio acuícola.
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El colectivo vecinal «No a las Macrogranjas Marinas» ha presentado alegaciones respaldadas por 12.117 firmas contra la instalación de 24 jaulas flotantes para criar y engordar lubinas a escala industrial frente a La Aldea y Artenara. La empresa Gran Canaria Bass Company pretende alcanzar una producción de 5.400 toneladas anuales mediante una concesión que tramita el Gobierno de Canarias. La oposición ciudadana encuentra respaldo en investigaciones científicas y en las advertencias del propio expediente ambiental.
LOS VECINOS SE ORGANIZAN PARA DEFENDER EL LITORAL
La oposición a la explotación tiene como protagonista al citado colectivo vecinal, que ha impulsado la recogida de firmas y llevado sus objeciones a la Administración autonómica. Su campaña defiende el litoral, la pesca artesanal y la capacidad de los habitantes para intervenir en una decisión que puede condicionar el futuro del municipio.
La movilización reunió inicialmente más de siete mil firmas y continuó hasta alcanzar 12.117, según la información publicada el 30 de septiembre de 2026 sobre la presentación de sus alegaciones. El colectivo anunció que mantendría abierta la campaña. El rechazo ciudadano se ha convertido en participación organizada dentro del expediente, para exigir que los riesgos ambientales y económicos sean examinados antes de autorizar la instalación.
La protesta también salió al mar y al muelle aldeano el 7 de junio, en una convocatoria organizada por Greenpeace y la Plataforma por un Litoral Limpio que reunió unas setecientas personas. Vecinos, embarcaciones y organizaciones ecologistas, entre ellas Turcón, expresaron su oposición. Estos apoyos acompañan una lucha cuya continuidad se refleja en la campaña vecinal y sus alegaciones.
![[Img #94801]](https://canarias-semanal.org/upload/images/10_2026/6880_macrogranjat.jpg)
QUÉ SE PRETENDE INSTALAR Y QUIÉNES ESTÁN DETRÁS
Gran Canaria Bass Company, S.L.U. pretende instalar jaulas de treinta metros de diámetro y veinte metros de profundidad, entre la Baja de Cabrera y Piedra de la Fuente. Con sus fondeos ocuparían 47,2 hectáreas, equivalentes a unos 472.000 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre. La explotación podría mantener 3.360 toneladas de peces simultáneamente.
La sociedad comenzó sus operaciones en 2022, con Douglas James Smart como socio único y administrador. En abril de 2023 se inscribió a SSB Holding Ltd como socio único. Smart pasó a compartir la administración con Vedad M. Zaimovic, sustituido en 2025 por Amre Youness Osman. Son los nombres acreditados por los anuncios del Registro Mercantil.
Las informaciones consultadas vinculan la empresa con capital de Emiratos Árabes Unidos, aunque los anuncios registrales no permiten identificar a los propietarios finales de SSB Holding. El presupuesto anunciado asciende a 6,82 millones de euros. La inversión prevista, sin embargo, no acredita el beneficio para el municipio.
740 TONELADAS DE RESIDUOS AL AÑO: LA ADVERTENCIA DEL EXPEDIENTE
El problema de los residuos tiene una dimensión cuantificada. El expediente estima que entrarían en el mar 740 toneladas anuales de materia orgánica particulada, procedente fundamentalmente del alimento no ingerido y las heces. Además, señala que no se cuantifican las cantidades totales de carbono, nitrógeno y fósforo aportadas en la fracción disuelta. La cifra, por tanto, no representa toda la carga contaminante prevista.
El documento advierte de que esos nutrientes pueden causar «alteraciones ecológicas importantes» en aguas canarias naturalmente pobres en nutrientes. Las corrientes pueden dispersar los residuos, pero esa dispersión no equivale a su eliminación: el efecto depende de dónde se depositen y de la capacidad de respuesta del ecosistema.
La evidencia mediterránea refuerza esta preocupación. Díaz-Almela y colaboradores estudiaron praderas de Posidonia oceanica próximas a granjas de lubinas y doradas en España, Italia, Grecia y Chipre. Registraron cerca de las jaulas mortalidades de los haces vegetales hasta veinte veces superiores a las zonas de control. Otra investigación, de Holmer y colaboradores, identificó la sedimentación de residuos como factor de acumulación orgánica, falta de oxígeno y deterioro de las praderas.
Estos resultados no permiten pronosticar daños idénticos en los sebadales canarios, formados por Cymodocea nodosa, pero documentan mecanismos que deben evaluarse. Espino, Tuya, Brito y Haroun comprobaron que el 92,91 % de los peces capturados en 41 sebadales canarios eran juveniles. Deteriorar estas praderas, por tanto, comprometería zonas de cría que contribuyen a sostener la biodiversidad y la pesca.
ENFERMEDADES, ANTIBIÓTICOS Y ESCAPES
En Canadá, un estudio publicado en Science vinculó infestaciones de parásitos asociadas a granjas de salmón con el declive del salmón rosado silvestre. En Chile, investigaciones detectaron residuos de antibióticos en peces silvestres próximos a explotaciones y bacterias resistentes en piscifactorías. Aunque son especies y condiciones diferentes, muestran que los riesgos sanitarios pueden extenderse fuera de las jaulas.
Estos antecedentes justifican exigir información sobre tratamientos, sustancias utilizadas y vigilancia microbiológica. Una instalación abierta al mar necesita demostrar cómo previene y controla sus interacciones sanitarias con el entorno. Los límites físicos de las redes no son una barrera para todos los residuos, microorganismos o productos empleados.
Los escapes tienen precedentes directamente canarios. Un estudio de 2014 examinó la liberación de 1,5 millones de peces, principalmente lubinas, en La Palma, y detectó cambios en las comunidades costeras. Otra investigación, de 2021, encontró que el 29 % de las lubinas escapadas estudiadas superaba el tamaño máximo de cosecha, indicio de crecimiento en libertad. Parte de los peces fugados puede sobrevivir y permanecer en el medio natural, por lo que la resistencia ante temporales y los planes de respuesta resultan esenciales.
También se han observado cambios en peces silvestres congregados bajo jaulas al cesar el cultivo. Su abundancia alrededor de una instalación puede responder a la atracción por el alimento disponible y no demuestra una mejora general del ecosistema.
LAS GARANTÍAS SIGUEN CUESTIONADAS
La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental decidió en abril de 2025 que el proyecto necesitaba evaluación ordinaria por sus posibles efectos significativos. La decisión no denegó la explotación, pero descartó resolverla mediante el procedimiento simplificado.
El Ayuntamiento presentó nuevas alegaciones el 17 de septiembre de 2026, apoyadas en informes municipales y externos. Cuestiona el análisis de alternativas, la localización y los efectos sobre hábitats, paisaje y pesca, y sostiene que el estudio empresarial no cumple el contenido mínimo exigido. Se trata de objeciones técnicas que la Administración debería resolver y no de simples diferencias de opinión sobre el uso del litoral.
La producción y los beneficios de la explotación proyectada quedarían en manos de una empresa vinculada a capital extranjero, mientras que los posibles daños ambientales y las consecuencias sobre la pesca artesanal recaerían sobre el litoral y la población local. El mar que sostiene actividades y formas de vida de La Aldea se convertiría así en soporte de un negocio privado, cuyos costes podrían permanecer en el municipio mucho después de haberse retirado las ganancias.
El colectivo «No a las Macrogranjas Marinas» se ha organizado contra ese reparto desigual de beneficios y riesgos. Sus miles de firmas y sus alegaciones defienden que la conservación del litoral y los medios de vida de quienes dependen de él no queden subordinados a la rentabilidad de una empresa. La cuestión que plantean a las administraciones es concreta: por qué habría de asumir La Aldea las consecuencias de un negocio cuya producción y beneficios tienen otros propietarios.
FUENTES
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Colectivo «No a las Macrogranjas Marinas»: alegaciones y 12.117 firmas contra el proyecto.
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Registro Mercantil: inscripción de SSB Holding Ltd como socio único de Gran Canaria Bass Company.
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Ayuntamiento de La Aldea: alegaciones y deficiencias señaladas en el estudio ambiental.
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Díaz-Almela y colaboradores: deterioro de praderas marinas próximas a granjas mediterráneas de lubinas y doradas. Marine Pollution Bulletin, 2008.
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Estudio sobre residuos de antibióticos en peces silvestres próximos a una explotación de salmones en Chile. Revista Médica de Chile, 2007.
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Toledo-Guedes y colaboradores: efectos de un escape masivo de peces sobre las comunidades costeras de La Palma. Marine Environmental Research, 2014.
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El colectivo vecinal «No a las Macrogranjas Marinas» ha presentado alegaciones respaldadas por 12.117 firmas contra la instalación de 24 jaulas flotantes para criar y engordar lubinas a escala industrial frente a La Aldea y Artenara. La empresa Gran Canaria Bass Company pretende alcanzar una producción de 5.400 toneladas anuales mediante una concesión que tramita el Gobierno de Canarias. La oposición ciudadana encuentra respaldo en investigaciones científicas y en las advertencias del propio expediente ambiental.
LOS VECINOS SE ORGANIZAN PARA DEFENDER EL LITORAL
La oposición a la explotación tiene como protagonista al citado colectivo vecinal, que ha impulsado la recogida de firmas y llevado sus objeciones a la Administración autonómica. Su campaña defiende el litoral, la pesca artesanal y la capacidad de los habitantes para intervenir en una decisión que puede condicionar el futuro del municipio.
La movilización reunió inicialmente más de siete mil firmas y continuó hasta alcanzar 12.117, según la información publicada el 30 de septiembre de 2026 sobre la presentación de sus alegaciones. El colectivo anunció que mantendría abierta la campaña. El rechazo ciudadano se ha convertido en participación organizada dentro del expediente, para exigir que los riesgos ambientales y económicos sean examinados antes de autorizar la instalación.
La protesta también salió al mar y al muelle aldeano el 7 de junio, en una convocatoria organizada por Greenpeace y la Plataforma por un Litoral Limpio que reunió unas setecientas personas. Vecinos, embarcaciones y organizaciones ecologistas, entre ellas Turcón, expresaron su oposición. Estos apoyos acompañan una lucha cuya continuidad se refleja en la campaña vecinal y sus alegaciones.
![[Img #94801]](https://canarias-semanal.org/upload/images/10_2026/6880_macrogranjat.jpg)
QUÉ SE PRETENDE INSTALAR Y QUIÉNES ESTÁN DETRÁS
Gran Canaria Bass Company, S.L.U. pretende instalar jaulas de treinta metros de diámetro y veinte metros de profundidad, entre la Baja de Cabrera y Piedra de la Fuente. Con sus fondeos ocuparían 47,2 hectáreas, equivalentes a unos 472.000 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre. La explotación podría mantener 3.360 toneladas de peces simultáneamente.
La sociedad comenzó sus operaciones en 2022, con Douglas James Smart como socio único y administrador. En abril de 2023 se inscribió a SSB Holding Ltd como socio único. Smart pasó a compartir la administración con Vedad M. Zaimovic, sustituido en 2025 por Amre Youness Osman. Son los nombres acreditados por los anuncios del Registro Mercantil.
Las informaciones consultadas vinculan la empresa con capital de Emiratos Árabes Unidos, aunque los anuncios registrales no permiten identificar a los propietarios finales de SSB Holding. El presupuesto anunciado asciende a 6,82 millones de euros. La inversión prevista, sin embargo, no acredita el beneficio para el municipio.
740 TONELADAS DE RESIDUOS AL AÑO: LA ADVERTENCIA DEL EXPEDIENTE
El problema de los residuos tiene una dimensión cuantificada. El expediente estima que entrarían en el mar 740 toneladas anuales de materia orgánica particulada, procedente fundamentalmente del alimento no ingerido y las heces. Además, señala que no se cuantifican las cantidades totales de carbono, nitrógeno y fósforo aportadas en la fracción disuelta. La cifra, por tanto, no representa toda la carga contaminante prevista.
El documento advierte de que esos nutrientes pueden causar «alteraciones ecológicas importantes» en aguas canarias naturalmente pobres en nutrientes. Las corrientes pueden dispersar los residuos, pero esa dispersión no equivale a su eliminación: el efecto depende de dónde se depositen y de la capacidad de respuesta del ecosistema.
La evidencia mediterránea refuerza esta preocupación. Díaz-Almela y colaboradores estudiaron praderas de Posidonia oceanica próximas a granjas de lubinas y doradas en España, Italia, Grecia y Chipre. Registraron cerca de las jaulas mortalidades de los haces vegetales hasta veinte veces superiores a las zonas de control. Otra investigación, de Holmer y colaboradores, identificó la sedimentación de residuos como factor de acumulación orgánica, falta de oxígeno y deterioro de las praderas.
Estos resultados no permiten pronosticar daños idénticos en los sebadales canarios, formados por Cymodocea nodosa, pero documentan mecanismos que deben evaluarse. Espino, Tuya, Brito y Haroun comprobaron que el 92,91 % de los peces capturados en 41 sebadales canarios eran juveniles. Deteriorar estas praderas, por tanto, comprometería zonas de cría que contribuyen a sostener la biodiversidad y la pesca.
ENFERMEDADES, ANTIBIÓTICOS Y ESCAPES
En Canadá, un estudio publicado en Science vinculó infestaciones de parásitos asociadas a granjas de salmón con el declive del salmón rosado silvestre. En Chile, investigaciones detectaron residuos de antibióticos en peces silvestres próximos a explotaciones y bacterias resistentes en piscifactorías. Aunque son especies y condiciones diferentes, muestran que los riesgos sanitarios pueden extenderse fuera de las jaulas.
Estos antecedentes justifican exigir información sobre tratamientos, sustancias utilizadas y vigilancia microbiológica. Una instalación abierta al mar necesita demostrar cómo previene y controla sus interacciones sanitarias con el entorno. Los límites físicos de las redes no son una barrera para todos los residuos, microorganismos o productos empleados.
Los escapes tienen precedentes directamente canarios. Un estudio de 2014 examinó la liberación de 1,5 millones de peces, principalmente lubinas, en La Palma, y detectó cambios en las comunidades costeras. Otra investigación, de 2021, encontró que el 29 % de las lubinas escapadas estudiadas superaba el tamaño máximo de cosecha, indicio de crecimiento en libertad. Parte de los peces fugados puede sobrevivir y permanecer en el medio natural, por lo que la resistencia ante temporales y los planes de respuesta resultan esenciales.
También se han observado cambios en peces silvestres congregados bajo jaulas al cesar el cultivo. Su abundancia alrededor de una instalación puede responder a la atracción por el alimento disponible y no demuestra una mejora general del ecosistema.
LAS GARANTÍAS SIGUEN CUESTIONADAS
La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental decidió en abril de 2025 que el proyecto necesitaba evaluación ordinaria por sus posibles efectos significativos. La decisión no denegó la explotación, pero descartó resolverla mediante el procedimiento simplificado.
El Ayuntamiento presentó nuevas alegaciones el 17 de septiembre de 2026, apoyadas en informes municipales y externos. Cuestiona el análisis de alternativas, la localización y los efectos sobre hábitats, paisaje y pesca, y sostiene que el estudio empresarial no cumple el contenido mínimo exigido. Se trata de objeciones técnicas que la Administración debería resolver y no de simples diferencias de opinión sobre el uso del litoral.
La producción y los beneficios de la explotación proyectada quedarían en manos de una empresa vinculada a capital extranjero, mientras que los posibles daños ambientales y las consecuencias sobre la pesca artesanal recaerían sobre el litoral y la población local. El mar que sostiene actividades y formas de vida de La Aldea se convertiría así en soporte de un negocio privado, cuyos costes podrían permanecer en el municipio mucho después de haberse retirado las ganancias.
El colectivo «No a las Macrogranjas Marinas» se ha organizado contra ese reparto desigual de beneficios y riesgos. Sus miles de firmas y sus alegaciones defienden que la conservación del litoral y los medios de vida de quienes dependen de él no queden subordinados a la rentabilidad de una empresa. La cuestión que plantean a las administraciones es concreta: por qué habría de asumir La Aldea las consecuencias de un negocio cuya producción y beneficios tienen otros propietarios.
FUENTES
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Colectivo «No a las Macrogranjas Marinas»: alegaciones y 12.117 firmas contra el proyecto.
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Registro Mercantil: inscripción de SSB Holding Ltd como socio único de Gran Canaria Bass Company.
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Ayuntamiento de La Aldea: alegaciones y deficiencias señaladas en el estudio ambiental.
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Díaz-Almela y colaboradores: deterioro de praderas marinas próximas a granjas mediterráneas de lubinas y doradas. Marine Pollution Bulletin, 2008.
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Estudio sobre residuos de antibióticos en peces silvestres próximos a una explotación de salmones en Chile. Revista Médica de Chile, 2007.
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Toledo-Guedes y colaboradores: efectos de un escape masivo de peces sobre las comunidades costeras de La Palma. Marine Environmental Research, 2014.



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