PRESUNTA CORRUPCIÓN EN EL AYTO. DE LAS PALMAS: SOBRE LA IMPUTACIÓN DE LA CONCEJALA INMACULADA MEDINA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Inmaculada Medina, actual concejal de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y anterior responsable del área de Servicios Públicos entre 2015 y 2022, ha sido imputada por el juez que investiga el caso Valka, una presunta trama de corrupción municipal.

   El magistrado Rafael Passaro Cabrera, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha dictado un auto en el que acuerda ampliar la investigación del caso a la concejala del grupo de Gobierno (PSOE), al técnico municipal Sergio González Cubas y a la mercantil Guerra Patrimonial FGG SL, representada por Felipe Guerra González, por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada al suministro de agua para parques y jardines de la capital entre los años 2015 y 2022.  

     Los delitos que se les atribuyen —todos aún en fase de instrucción, y por tanto sujetos a presunción de inocencia— incluyen malversación agravada de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude a la administración.

   Durante su etapa al frente de Servicios Públicos, Medina tuvo bajo su competencia la adjudicación y supervisión de contratos clave relacionados con el mantenimiento de jardines, parques y el suministro de agua para riego. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Medina habría convalidado durante años facturas infladas emitidas por una empresa adjudicataria —Guerra Patrimonial FGG SL— sin que existiera una verificación técnica efectiva sobre el volumen de agua suministrado. Se estima que este presunto expolio podría haber alcanzado al menos los 400.000 euros.

LOS ORÍGENES DEL CASO VALKA

  El Caso Valka se enmarca en una serie de contratos públicos adjudicados entre 2015 y 2022 a la empresa Guerra Patrimonial FGG SL, dedicada a obras y servicios vinculados a infraestructuras menores, especialmente en el sector público municipal. Entre esos contratos destacan los de suministro de agua para el riego de parques y jardines en varios distritos de la ciudad, como Tamaraceite-San Lorenzo-La Galera, entre otros.

  El escándalo saltó cuando las auditorías internas del Ayuntamiento detectaron que, tras un cambio en los sistemas de control en diciembre de 2022, la facturación de dicha empresa cayó de forma drástica. Esto puso en evidencia que los volúmenes de agua previamente facturados eran, al menos, sospechosamente desproporcionados. En algunos casos, se había triplicado el volumen de suministro sin justificación técnica ni modificaciones razonables en las infraestructuras. La Fiscalía sostiene que esa alteración del volumen autorizado se hizo con el único fin de inflar las facturas y legitimar pagos indebidos.

FELIPE GUERRA: EMPRESARIO, PRESTAMISTA Y ADJUDICATARIO

  En el centro de esta red aparece el nombre de Felipe Guerra, administrador único de Guerra Patrimonial FGG SL. Este empresario grancanario no es un desconocido en el ecosistema del capital local. Durante el periodo bajo sospecha, su empresa obtuvo al menos 18 contratos del Ayuntamiento, por un importe total que supera los 2,3 millones de euros.

  Pero más allá del número de adjudicaciones, lo relevante son sus conexiones políticas. Guerra compartió una empresa —Esvertical SL— con Miguel Ángel Padrón, entonces jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Ambos fueron socios durante más de siete años, entre 2014 y 2021, periodo en el que coincidieron temporalmente con los contratos ahora bajo investigación.

  Pero el vínculo entre el empresario "agraciado" por los suculentos contratos y el que fuera jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento va incluso más allá de lo societario. Guerra prestó a Padrón 430.000 euros, según la Fiscalía, en lo podría interpretarse como una forma encubierta de soborno. El préstamo, según la acusación, garantizaba a Guerra trato preferencial en las adjudicaciones, la aprobación de certificaciones de obra y el pago ágil de sus facturas.

 ¿Y qué papel jugaba Inmaculada Medina? Como edil de Servicios Públicos, su firma aparecía en los decretos de pago y validación de estas facturas. La Fiscalía considera que, al no exigir un control técnico riguroso y al mantener durante años un circuito de pagos irregulares, Medina consolidó —de forma activa o pasiva— el circuito fraudulento que beneficiaba al empresario.

CONTRATOS MENORES Y CONTROL CERO

  Buena parte de las adjudicaciones a Guerra Patrimonial FGG SL se realizaron como contratos menores, es decir, sin concurso público. Este mecanismo legal permite a las administraciones contratar directamente obras o servicios por debajo de ciertos umbrales económicos. Sin embargo, en múltiples ocasiones se abusado de esta figura, mediante el fraccionamiento de contratos matores, para favorecer a ciertas empresas "amigas", convirtiéndolo en un  agujero negro para la transparencia y la fiscalización.

   La investigación revela que, durante años, los contratos menores se podría haber utilizado para evitar concursos y repartir adjudicaciones de forma opaca. A esto se suma la total ausencia de controles técnicos efectivos: no se revisaban contadores, no se cruzaban consumos reales con facturación y no existían informes independientes de verificación.

   Los datos conocidos hasta el momento permiten suponer, pues, que el Caso Valka, más allá de cual sea su resolución judicial, puede considerarse una muestra más de un modelo de gestión que  facilita, e incluso estimula, la extracción privada de rentas desde las instituciones públicas. De esta forma, no nos enfrentamos a una sucesión de casos de corrupción que tengan que ver tan solo  con una supuesta "condición humana", como a menudo se afirma de manera superficial, sino a la consecuencia lógica de una estructura que permite a los intereres privados nutrirse de los fondos públicos de manera fraudulenta.

   Con mecanismos como los que están habilitados en las administraciones públicas, con el supuesto propósito de agilizar los trámites y las obras de necesaria ejecución, los empresarios no necesitan competir para obtener los contratos. Les basta con tener acceso privilegiado a las decisiones administrativas. De esta forma, con demasiada frecuencia los funcionarios dejan de actuar como servidores públicos, para convertirse en facilitadores de rentas privadas. El político, por acción u omisión, se vuelve garante de ese circuito. Y todo esto bajo el paraguas de un sistema que externaliza lo público y debilita cualquier tipo de control. 

    La externalización de servicios —como el mantenimiento de jardines, el suministro de agua o la gestión de espacios públicos— abre un espacio demasiado rentable para el capital. A diferencia de una gestión pública directa, la subcontratación ofrece una doble ventaja al capital local: garantiza ingresos constantes y permite maniobras de facturación inflada sin los controles que debería implicar una gestión pública profesionalizada.

   Este modelo favorece que, a través de relaciones personales, control político o influencia económica,  los fondos públicos se conviertan en un suculento botín para la acumulación privada, de la que pueden benficiarse quienes tiene suficiente cercanía con los cargos políticos de turno. 

   Los casos como el Valka no son, por tanto, anomalías aisladas, sino expresiones reiteradas de un patrón que se reproduce en numerosos municipios del Estado español. Este patrón tiene raíces estructurales que se consolidan con el tiempo y que no dependen únicamente de la voluntad de unas pocas personas, sino de un entramado institucional que facilita —cuando no estimula— estas prácticas.

   La debilidad del control institucional es uno de los pilares que sostiene este esquema: la falta de auditorías técnicas independientes, el uso abusivo de contratos menores y la opacidad generalizada en los procedimientos administrativos crean un caldo de cultivo perfecto para que el capital capture lo público.

    A esto se suma la existencia de redes clientelares político-empresariales, especialmente activas en el ámbito local, donde los vínculos personales y de partido entre cargos públicos y empresarios permiten que el presupuesto municipal sea repartido como si se tratara de un botín compartido.