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Martes, 14 de diciembre de 2010

Múltiples razones para el estado de alarma

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    El 1 de diciembre José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba, en el Congreso de los diputados, la última vuelta de tuerca del Ejecutivo español en su gestión neoliberal de la Crisis.

 

    Siguiendo los dictados del gran capital internacional y estatal y de sus principales  instituciones – FMI, BM, BCE – Zapatero decretó el fin de la ayuda de 426 euros para los desempleados que ya han agotado sus prestaciones, la privatización parcial de AENA y Loterías y Apuestas, la cesión completa a la gestión privada de los dos principales aeropuertos del país y nuevos beneficios fiscales para el empresariado.  Un ?último paquete de medidas que llega después del brutal recorte del Gasto Social aprobado en mayo y de una contrarreforma laboral diseñada de acuerdo a los intereses de la patronal española.  En el futuro inmediato se encuentra la reforma de las pensiones, que elevar? la edad de jubilación y ampliar? el número de años de cotización necesarios para tener derecho a una pensión y la amenaza de otra ola de privatizaciones.  Estos “ajustes”, con todo, no son los últimos que se avecinan.  El viernes 10 de diciembre, el presidente del Banco Central Europeo Jean-Claude Trichet advertía que Espada debe “profundizar en las reformas laboral y de las pensiones”.  Zapatero tardaba apenas unas horas en enviar su mensaje de sumisión absoluta, subrayando que “el compromiso del Ejecutivo con la consolidación fiscal y las reformas estructurales es firme y definitivo".

 

    Con una economía sin perspectivas de recuperación y cerca de 5.000.000 de parados reales, la determinación del Ejecutivo de aplicar a raja tabla estas políticas tacherianas configura un Horizonte auténticamente explosivo.  La agudización de las contradicciones sociales generar?, tarde o temprano, respuestas potencialmente desestabilizadoras del sistema.  Sea cual sea la forma que éstas adopten o su naturaleza - simples estallidos de indignación, protestas de los sectores más depauperados o resistencias más o menos organizadas- todas se encontrarán con la maquinaria represiva del Estado desplegada sin contemplaciones.

 

     En el pasado mes de octubre, el vicepresidente y ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba se permitía presumir públicamente de que – en plena época de recortes presupuestarios el Gobierno – había aumentado en 15.000 agentes las filas de la Guardia Civil, que actualmente cuenta con 84.316 efectivos frente a los 68.923 de 2004.  Tanto este cuerpo militar como la Policía Nacional alcanzaban en ese mes la mayor cifra de agentes de la historia.  En este campo, no obstante, los simples preparativos se antojan insuficientes.  En los tiempos que corren los dueños de la economía mundial exigen a sus gestores evidencias de que no les temblar? el pulso a la hora de neutralizar a disidentes, revoltosos o huelguistas.

 

    Y el Gobierno psocialista ofrecía esa prueba el 4 de diciembre, de forma contundente, con la aprobación del Real Decreto que declaraba el estado de alarma y militarizaba el control aéreo.  Una buena parte de la población española, lejos de escandalizarse por la militarización de un conflicto laboral, aplaudió o calló? ante la mano dura aplicada contra un colectivo previamente estigmatizado por sus “privilegios” y falta de “solidaridad”.

    

    El precedente, sin embargo, está? sentado con todas las consecuencias.  Hoy le ha tocado el turno a los controladores.  Mañana pueden ser los médicos, enfermeros, funcionarios u obreros de una fábrica que el poder conceptúe como esencial para la “seguridad nacional” quienes se enfrenten a un juicio militar por ejercer su derecho a la huelga.  O los obligados a trabajar a punta de pistola.  Termina de dibujar este oscuro panorama la incapacidad que, hasta el momento, han mostrado las organizaciones de izquierda para canalizar un creciente descontento popular que no encuentra vías positivas de escape.  Para movilizar a la mayoría damnificada que – sin ningún referente progresista – puede acabar apoyando la opción manu militari del mismo Gobierno que la inmola sin contemplaciones para defender la acumulación de un puñado de capitalistas.

    

       Sobran las razones, en suma, para declarar un “estado de alarma social”.  Y para actuar en consecuencia, comenzado a movilizar las propias fuerzas con vista a las duras batallas que están por llegar.  Se trata actualmente, y sin ningún tipo de exageración dramática, de un ejercicio de mera supervivencia.

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