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Martes, 7 de agosto de 2018

En el Estado Español habría 200.000 ‘falsos autónomos’

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  Kaosenlared

 

   Con los falsos autónomos el empresario se ahorra costes laborales y salariales (seguridad social, vacaciones, bajas, costes de despido…) e intenta impedir la organización, la acción colectiva y la movilización de estos trabajadores.

 

 

 

   El concepto de ‘falso autónomo’ no es nuevo, ni tampoco es fruto de la crisis, ya que con las reformas laborales y otros medidas de naturaleza neoliberal, se ha ido extendiendo en las últimas décadas. Sin embargo, con la crisis han cambiado sus formas y se ha extendido esta forma de fraude empresarial, muchas veces bajo eufemismos como la llamada ‘economía colaborativa’. Sin ir más lejos las bolsas de comida a domicilio de empresas como Deliveroo o Glovo, ambas ya sancionadas por la Inspección de Trabajo a este respecto, son casos evidentes de un fraude de ley en el que también trabajan hoy en día médicos, diseñadores o educadores, entre otros.

 

   Según una información de el Periódico, las diferentes asociaciones de trabajadores autónomos estiman que actualmente existen entre 100.000 y 210.000 falsos autónomos en el Estado Español. ATA, más cercana a la primera cifra, estima que, en el 2008, el 80% se concentraban en el sector de la construcción y que actualmente dicha actividad es minoritaria, en favor de profesionales liberales como abogados, comunicadores o arquitectos. “Continúa siendo mayoritario en profesiones no cualificadas, pero tras la crisis el mercado laboral español experimenta una sofisticación de este fraude de ley que ahora afecta de manera más intensa a las cualificadas”. Los cálculos de otra de las grandes organizaciones de autónomos, UATAE, superan los 200.000 falsos autónomos y cifran su coste para las arcas de la Seguridad Social en alrededor de 290 millones de euros anuales. Una estimación basada en la menor cotización que aportan actualmente un autónomo de la base mínima, en comparación con la mediana de un asalariado.

 

 

    Con ello el empresario ahorra en costes laborales y salariales (seguridad social, vacaciones, bajas, costes de despido…) e intenta impedir la organización, la acción colectiva y la movilización de estos trabajadores.

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