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Miércoles, 4 de julio de 2018
Una magistrada considera "ilícitos y abusivos" los paros en el Metro de Madrid

LA "JUSTICIA" ESPAÑOLA FALLA CONTRA LAS HUELGAS EN SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA (VÍDEOS)

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El Juzgado de lo Social número 27 de Madrid, ha declarado "ilícitas y abusivas" las huelgas convocadas en la plantilla de Seguridad Integral Canaria al cargo de la vigilancia del Metro de Madrid en abril, mayo y julio del año pasado (...).

 

Por EUGENIO FERNÁNDEZ /REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

 

  Antes de presentar el concurso de acreedores de Seguridad Integral Canaria, su ya ex dueño (*), Miguel Ángel Ramírez, mantuvo a miles de  trabajadores de esta empresa y otras del Grupo Ralons sin cobrar sus salarios hasta medio año.

 

 

  Multitud de familias del Archipiélago y otros lugares del Estado, como Madrid, se vieron en la imposibilidad de pagar sus alquileres o sus hipotecas y obligados a sobrevivir a duras penas, gracias a la solidaridad de otros colectivos de trabajadores.

 

 

 

   La situación llegó a ser tan desesperada que algunos afectados - e incluso una joven menor de edad hija de otro empleado de Ramírez -  llegaron a recurrir a la huelga de hambre. Una  medida desesperada para intentar percibir el dinero que habían ganado con su esfuerzo, durante jornadas de trabajo significativamente más largas y peor pagadas que en la mayor parte de las empresas del sector.

 

 

 

   Mientras tanto, las Administraciones públicas que  durante años otorgaron todo tipo de concesiones  a la empresa de Ramírez, a pesar de las reiteradas denuncias de los sindicatos del sector sobre las condiciones de superexplotación a las que sometía a sus trabajadores e incluso después de que el empresario fuera imputado por un presunto fraude multimillonario a Hacienda y  la Seguridad Social, permanecieron impasibles. Como si la cosa no fuera con ellas.

 

 

 

   A finales del pasado 2017, y coincidiendo con unas fiestas navideñas que estos miles de trabajadores vivieron sin tener si quiera los ingresos necesarios para proveer sus neveras, la indignación popular contra el empresario se extendió mucho más allá de los colectivos afectados. Hasta tal punto, que durante algunos meses la misma prensa institucional que había presentado a Ramírez como el prototipo del "hombre hecho a sí mismo", siempre servil a quienes la untan con los ingresos publicitarios, tuvo que mostrar la verdadera cara del emprendedor grancanario.

 

 

 

   Y es que el más elemental sentido común alcanzaba para entender quiénes eran las víctimas y quién el victimario, en este conflicto laboral.  Sin embargo, un tribunal madrileño ha venido ahora a poner de manifiesto, una vez más, que una cosa es la justicia y otra cosa, casi siempre muy distinta en las sociedades de clase, la legalidad y quienes la "administran".

 

 

 

    La magistrada María Concepción del Brío Carretero, del Juzgado de lo Social número 27 de Madrid, ha declarado "ilícitas y abusivas" las huelgas convocadas en la plantilla de Seguridad Integral Canaria al cargo de la vigilancia del Metro de Madrid en abril, mayo y julio del año pasado.

 

 

   Esas huelgas, convocadas por el sindicato Unión Independiente de Trabajadores (UIT), reclamaban inicialmente que se abonasen las nóminas de la plantilla antes del día 5 de cada mes, en un contexto en el que Seguridad Integral Canaria había ido acumulando varios retrasos en el pago a sus empleados.

 

 

 

    Posteriormente, añadieron una segunda reivindicación: que la empresa pusiera fin a los expedientes disciplinarios abiertos a varios trabajadores, porque, a juicio de la UIT, carecían de "base".

 

 

 

  La jueza fundamenta su fallo en "un defecto de la convocatoria". Según la juez encargada del caso, el sindicato "no acreditó quienes eran los asistentes a la asamblea de trabajadores que aprobó la huelga, ni por tanto que sean el 75 por ciento de los representantes" de la plantilla, ni tampoco se comunicó de la forma debida la protesta a la empresa".

 

 

 

  Además, la  sentencia de María Concepción del Brío Carretero cuestiona la finalidad de la huelga. La magistrada "no entiende" por qué, si "su motivo era que las  nóminas se pagasen antes del 5 de cada mes fueron luego desconvocadas, sin haberse acreditado por la parte demandada que el objetivo se consiguiera".

 

 

 

  Y si las dos primeras huelgas se desconvocaron, "la juez tampoco entiende cuál es la razón para mantener la huelga para los meses sucesivos, en forma de protestas para prevenir futuros incumplimientos".

 

 

  Para del Brío Carretero, “todo ello demuestra la espuria finalidad de las huelgas, convocadas entre los vigilantes del Metro de la capital y el personal de Seguridad Integral Canaria en otros centros de trabajo de la Comunidad de Madrid”.

 

 

   Y que den “gracias” los trabajadores que luchaban por cobrar sus salarios, si finalmente la "justicia española" no los condena a indemnizar millonariamente  a Miguel Ángel Ramírez, por actuar contra el pobre empresario de forma “abusiva e ilícita”.

 

 

(*) El pasado mes de junio Miguel Ángel Ramírez vendía la empresa a su administrador, Héctor de Armas.

 

 

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