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Lunes, 21 de mayo de 2018
"Ni hay 'Estado de las Autonomías' ni nada que se le parezca"

EL ESTADO DE LAS AUTONOFARSAS

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El discurso oficial del régimen monárquico español es -escribe Teodoro Santana - el de que el “Estado de las autonomías” supera en competencias de las llamadas “comunidades autónomas” al más federal de los estados federales. Esa consigna publicitaria se viene repitiendo machaconamente desde hace cuarenta años (...).

Por TEODORO SANTANA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

 

    El discurso oficial del régimen monárquico español es el de que el “Estado de las autonomías” supera en competencias de las llamadas “comunidades autónomas” al más federal de los estados federales. Esa consigna publicitaria se viene repitiendo machaconamente –por tierra, mar y aire– desde hace cuarenta años. La izquierda burguesa, imbuida del más pedestre imperialismo español e incómoda con todo lo que no sea centralismo puro y duro, asume acríticamente ese eslogan publicitario, limitándose a prometer una "España federal" más allá del arcoíris.

 

 

 

 

     La realidad es totalmente distinta. Las “comunidades autónomas” no son más que simples gestores de las políticas del Estado, con escasísimo margen para lo que no sea la política oficial del Régimen. De hecho, aunque sean elegidos por parlamentos formalmente democráticos, los presidentes autonómicos son nombrados por el rey, al que deben prometer lealtad para poder tomar posesión del cargo (al igual que el resto de representantes electos).

 

 

 

 

       Y, sobre todo, es el gobierno del Estado el que impone las políticas fundamentales en educación, sanidad, seguridad social, empleo, etc., tanto con las leyes estatales –siempre de “rango superior” a las autonómicas–, como con la financiación de esas políticas. Es el gobierno estatal el que reparte a su criterio los dineros y cuánto va a cada cosa. Y que, sin otro amparo legal que su capricho, interviene las haciendas autonómicas cuando le apetece, hasta el punto de no poder comprar un bolígrafo sin la firma de la Hacienda estatal.

 

 

 

 

    El Estado –y la extrema derecha fascista– mantiene el control absoluto del sistema judicial y de las policías de ámbito estatal. Y, cuando le apetece, también de las policías autonómicas. Para territorios como Canarias, la política de costas se ordena y decide desde despachos de la Meseta. Por no hablar de la organización de los partidos políticos estatales, que se limitan a abrir franquicias en las distintas “autonomías”.

 

 

 

 

     Por si fuera poco, el gobierno tiene en la recámara el ya famoso artículo 155 de la constitución de 1978, que le permite “adoptar las medidas necesarias” (así, en general) cuando considere que una comunidad autónoma “actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, a criterio, claro, del propio gobierno y de la mayoría del Senado (que es la cámara menos representativa).

 

 

  

   Las medidas son, por lo tanto, las que le dé la gana al gobierno. En lo que concierne a los territorios bajo su control, su reino es el de la arbitrariedad. Aunque las “comunidades autónomas” no sean más que meros aparatos de descentralización administrativa, subordinados y sometidos al despotismo del Estado, aún así pueden ser descabezadas, recortadas, intervenidas o suprimidas. Su existencia no se basa en “el derecho y la ley”, sino en la benevolencia del poder central.

 

 

 

   Hete aquí la constatación de lo que explicaba Lenin: “No hay Estado, incluso el más democrático, cuya Constitución no ofrezca algún escape o reserva que permita a la burguesía lanzar las tropas contra los obreros, declarar el estado de guerra, etc., 'en caso de alteración del orden', en realidad, en caso de que la clase obrera 'altere' su situación de esclava e intente hacer algo que no sea propio de esclavos” (1).

 

 

 

     Pero este despotismo se siente también en el aparato judicial español, especialmente en la llamada “Audiencia Nacional” –un tribunal de excepción, continuador del TOP fascista, que contradice el derecho al juez natural–, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, donde vemos con terror como se aplica el viejo principio jurídico hispano de pormiscojones.

 

 

 

 

  Si algo tenemos que tener claro en una colonia como Canarias es que ni somos territorio autónomo, ni hay “Estado de las Autonomías” ni nada que se le parezca. Y sobre todo, que el Estado colonialista español no nos va a regalar nada. Y menos “pacífica y democráticamente”.

 

 

NOTA

 

(1) V.I. Lenin, La revolución proletaria y el renegado Kautsky, Obras escogidas en tres tomos, T. III, pág. 76. Editorial Progreso, Moscú, 1975.

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