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Martes, 24 de abril de 2018
Una sentencia dicta que deben pagar 170 millones para evitar la cárcel, continúan en la calle y sin pagar un solo euro

LOS ARENEROS DE TENERIFE: ¿IMPUNIDAD TOTAL POR DÉCADAS DE EXPOLIO Y DESTRUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL?

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Durante dos décadas, un grupo de empresarios, entre los que se encuentra el ex presidente de Fepeco Antonio y procesado en el Caso de Las Teresitas Antonio Plasencia, expolió impunemente las canteras del municipio tinerfeño de Güimar, causando graves daños en la zona, sin licencia y sin pagar un solo euro por los recursos de los que se estaban apropiando. Hoy, tres de ellos se encuentran en la calle y sin pagar un solo euro de los 170 millones que, según una sentencia judicial, debería haber abonado para evitar la prisión (...).


Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

    Durante dos décadas, entre los primeros años de los noventa y 2007, expoliaron impunemente las canteras del municipio tinerfeño de Güimar, causando graves daños en la zona, sin licencia y sin pagar un solo euro por los recursos de los que se estaban apropiando.  Así fue establecido en el juicio contra el presidente de la Federación de Constructores de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Plasencia, como propietario de la empresa Áridos del Sur SA; José Enrique Morales Rodríguez, representante de la entidad mercantil Hermanos Morales Martín; Fulgencio Díaz Rodríguez, de Áridos Puertito de Güímar S.L.; Pedro Sicilia Delgado, dueño de Extracción de Áridos Canarios S.A.; y Francisco Javier del Rosario Fuentes, de Áridos Atlánticos S.L.

  

 

     A comienzos de 2016, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife los consideraba autores criminalmente responsables de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente. Sin embargo, pese a las  a la gravedad de los hechos,  Antonio Plasencia - ex presidente de Fepeco y enjuiciado por el caso de Las Teresitas - José Enrique Morales y Pedro Sicilia  lograron evitar la cárcel declarándose culpables y llegando a un acuerdo con la fiscalía

 

 

     El único de los acusados que no se declaró culpable antes del juicio, Francisco Javier Del Rosario, cumple en la cárcel una pena de tres años de prisión. El resto de acusados fueron condenados a solo un año y tres meses, al aceptar una sentencia de conformidad y comprometerse  a la restauración del equilibrio ecológico perturbado en los barrancos de Güímar.

 

 

 

¿UNA SENTENCIA FIRME O PAPEL MOJADO

 

   A finales del pasado mes de enero, un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife establecía que los  areneros debían depositar una fianza total que rondaba los 170 millones de euros para no entrar en prisión. La cantidad que la Sección Segunda solicitaba a Antonio Plasencia ascendía a 66,4 millones de euros.

 

 

 

   Tres meses después, los empresarios continúan en libertad y sin aportar un sólo euro; abonando así la popular hipótesis de que las sentencias de los tribunales españoles, que se suelen ejecutar de inmediato cuando se dictan contra activistas sociales o militantes de izquierda, valen tanto como un papel mojado cuando afectan a poderosos empresarios o políticos del establishment.  

 

 

 

EL GOBIERNO DE CANARIAS: EL AMIGO DE SUS AMIGOS

 

    Pero, por si esta situación no resultara suficientemente agraviante para el sentido de la justicia del ciudadano común, en días pasados la  prensa local de Canarias informaba de que  el ex presidente de Fepeco pretende  "resolver" este asunto pagando tan solo 5 millones de euros, con el beneplácito del Gobierno regional.

 

 

 

     De acuerdo a estas informaciones, esta cantidad -insignificante en relación con el daño causado en la isla de Tenerife y los multimillonarios obtenidos por la explotación de los áridos- es lo que costaría al empresario un proyecto consistente en rellenar una pequeña parte de la cantera, la creación de una balsa y la plantación de 2.100 olivos.

 

 

 

    El pasado miércoles, la Consejería de Industria del Gobierno regional anunciaba en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la salida a exposición pública del proyecto presentado por el constructor.


 

 

     El abogado de la acusación particular en el caso de los areneros, Carlos Álvarez,  ya ha anunciado que ejercerá acciones legales para anular el acto administrativo.  El letrado denuncia que  el Ejecutivo canario tendría que haber rechazado el proyecto de Plasencia desde un primer momento, por incumplir flagrantemente las exigencias de restauración fijadas en la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde se insta a los tres condenados que se declararon culpable a restaurar totalmente el equilibrio ecológico perturbado.

 

 

 

   Desde el Gobierno autónomo justifican su actuación afirmando que  "todavía no ha dado el visto bueno al proyecto y que solo ha seguido con el trámite administrativo establecido, a la espera de que se presenten alegaciones y de que la Consejería de Sostenibilidad emita el obligatorio estudio de impacto ambiental".

 

 

 

      Cabe recordar, no obstante,  que ya en octubre de 2016 activistas sociales de la isla de Tenerife denunciaban públicamente que el Gobierno de Canarias también había dado el visto bueno para que el Parlamento regional tramitará una Ley impulsada por el Cabildo de Tenerife,  que habría hecho recaer en el presupuesto  de la Comunidad los gastos de reparación de  los daños medioambientales por los que fueron condenados los empresarios. Un desembolso  total que ascendería a 344.916.676,57 euros de fondos públicos.

 

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