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Martes, 3 de abril de 2018
"Constituye una de las mayores violaciones en materia de derecho laboral"

LEY DE CONCURSO DE ACREEDORES: EL AMPARO JUDICIAL PARA ROBAR A LOS TRABAJADORES

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La actual ley de concurso de acreedores, reformada el pasado año 2015 es -sostiene el periodista Tomás F. Ruiz - una de las mayores violaciones en materia de derecho laboral que este gobierno ha cometido contra los trabajadores (...).

 

  Por TOMÁS F. RUIZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.

 

 

   La actual ley de concurso de acreedores, reformada el pasado año 2015, es una de las mayores violaciones en materia de derecho laboral que este gobierno ha cometido contra los trabajadores. Aunque en su texto justificativo la ley dice literalmente “la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo”, en los tres años que la ley lleva funcionando no ha servido para otra cosa que para que empresarios desalmados y administradores corruptos dejen de cumplir con sus obligaciones laborales y se queden con el dinero de de los salarios que corresponde a sus trabajadores.

 

 

 

   Cientos de empresas se han acogido a esta pervertida ley para dejar de pagar los sueldos de sus trabajadores, seguir funcionando como entidad empresarial y acumular beneficios ilícitos que, en su mayor parte, se convierten en dinero negro o van a parar a paraísos fiscales y cuentas bancarias opacas en el extranjero. El concurso de acreedores es en realidad un concurso de empresarios corruptos a los que la ley les ha garantizado perpetuar el injustificable impago de salarios a sus trabajadores. Todas aquellas empresas que hasta la fecha se han acogido a esta obscena ley, gozan ahora de impunidad judicial para seguir cometiendo todos sus incalificables delitos.

 

 

 

Una ley que ampara a los estafadores

 

 

   Desde el punto de vista económico, resulta literalmente aberrante que el Estado ampare a una empresa que, mientras sigue desarrollando su actividad y acumulando ganancias, interrumpa el pago de salarios a sus trabajadores. A esto se le llama impago en el código penal y es lo que abiertamente ampara la ley de concurso de acreedores.

 

 

  La empresa que, declarada en quiebra, se acoge a esta ley, sigue generando beneficios económicos, beneficios que nunca se utilizan para pagar los salarios debidos a los trabajadores, sino que se quedan en manos de la empresa declarada en quiebra y de sus supuestos acreedores. Sujeto a una suspensión de pagos y sin cobrar su sueldo, al trabajador asalariado sólo le queda recurrir a la vía judicial para reclamar lo que la empresa le está debiendo.

 

 

 

Complicidad de los jueces

 

 

 

  Los magistrados aquí cumplen fielmente con su función: un eslabón primordial en la cadena de la estafa que se comete contra el trabajador. Cuando la empresa es llevada a juicio, sus representantes ni siquiera niegan el impago (la deuda que mantiene con sus trabajadores); sus despreciables abogados se limitan a exhibir la ley de concurso de acreedores a que está sujeta la empresa ante el juez y a salir por donde han venido, con la despreciable sonrisa de complicidad del estafador de “guante blanco”, amparado protegido  por sus sistema judicial aberrante como es el nuestro. La sumisión de los jueces a esta inmunda ley es tal, que, a veces, ni tan siquiera llegan a celebrar el juicio: emiten sentencia dictaminando que condenan a la empresa al pago de la cantidad debida y dan por cumplida su parte en el fraudulento trato mantenido con este tipo de depravados empresarios.

 

 

 

   Cuando el trabajador pide le ejecución de esta sentencia, el juez de turno se limita a repetirle en un edicto el argumento de que la empresa se encuentra descapitalizada y acogida a la ley de concurso de acreedores. En realidad, la empresa sigue funcionando y generando beneficios, sólo que en virtud de esta degenerada ley, los beneficios van a parar íntegramente al bolsillo del empresario. Aún así, emitiendo una no menos pervertida y vergonzosa orden judicial (otras veces la llaman edicto y otras mandato) el juez miente explícitamente, declarando que el empresario no tiene ningún capital ni bienes a los que recurrir para hacer cumplir la sentencia; lo que es falso, pero con esta infame maniobra judicial, los jueces amparan la estafa contra el desamparado trabajador, confirman la complicidad de la justicia con los canallas empresarios y dejan al asalariado sin cobrar los sueldos que se le adeudan.

 

 

 

  De esta forma, actuando con absoluta impunidad y liberados de la carga de pagar ni tan siquiera los sueldos de sus trabajadores, los empresarios se ven en una situación absolutamente privilegiada, ya que no tienen no tienen ningún gasto y todo son beneficios. Su negocio ha sido tocado por la mano divina de un Estado nauseabundo que ampara sus delitos y le garantiza impunidad para no cumplir ninguno de los compromisos económicos que mantiene con sus trabajadores.

 

 

 

  La ley de concurso de acreedores es una ley que, como ninguna otra antes, legaliza una estafa criminal e inadmisible en cualquier sistema económico: negar el derecho básico que todo trabajador a cobrar su salario.

 

 

 

MC Ediciones, la impunidad de una editora

 

 

    Veamos un ejemplo descriptivo de cómo una empresa española se ha acogido a esta ley para no pagar los salarios a sus trabajadores. La empresa MC Ediciones edita en la actualidad -y mantiene en el mercado- cerca de setenta publicaciones de todo tipo, desde temas de música y misterio a gastronomía y salud (entre ellas Penthouse, Integral, Alta Fidelidad, Heavy Rock, DT, Cocina vegetariana, FHM, Stuff, Casa Viva, Casa y jardin, Vivir en el campo, Proyecto contract, Postres thermomix, Todo perros, Meta hammer, Clio, Horoscopos, Más Allá, Qué leer...).

 

 

 

    A pesar de que sus mismos propietarios aseguran que la viabilidad del negocio está garantizada, la empresa MC Ediciones lleva, avalada por su inserción en la ley de concurso de acreedores, más de cinco años debiendo sus salarios a los trabajadores. Entre otras empresas extranjeras que se benefician de la declaración de concurso de acreedores, está la editorial suiza Edipresse Group, filial y colaboradora de MC Ediciones. De momento, no se plantean la posibilidad de cerrar cabeceras. Su intención es  continuar estafando a una plantilla de trabajadores que ronda las 150 personas.

 

 

 

  A raíz de acogerse a la ley de concurso de acreedores, MC Ediciones, con sede en Barcelona, quedó en manos de un administrador concursal que analiza las condiciones económicas y la viabilidad del negocio hasta que se implementen las medidas necesarias para solucionar los problemas financieros. Una de las secciones más perjudicadas por el concurso de acreedores han sido las redacciones de las revistas que publica, abastecidas en su mayor parte por colaboradores (freelance) y que llevan desde hace más de tres años sin cobrar ninguna de sus colaboraciones. Obligada por ley a hacer públicas y sacar a la luz todas sus fraudulentas maniobras económicas, MC Ediciones se parapeta tras una página web opaca que tiene el acceso restringido.

 

 

 

 

Isidre Tutusaus, el “master mind” de MC EDICIONES

 

 

 

   Como toda estafa colectiva, detrás de los directivos de la empresa MC Ediciones se encuentra una mente brillante que ha sabido diseñar el fraude, dándole forma legal y manteniendo intocable la pervertida dirección administrativa que dejó a sus trabajadores sin salarios, sin puesto de trabajo y, en la mayor parte de los casos, con deudas inadmisibles. Se trata del administrador de la empresa Isidre Tutusaus, el hombre de paja de MC Ediciones que, aun representando a los socios propietarios de la compañía, se ha negado a responder a las preguntas que se le formularon sobre el estado económico de la empresa.

 

 

 

   Este administrador se negó igualmente a tasar el monto total de las deudas que MC Ediciones mantiene con sus trabajadores, así como a confirmar cuantos son los trabajadores afectados, ni qué cantidad se les adeuda, ni qué hace la empresa con las ganancias que consigue de las nada despreciables ventas de  todos sus ejemplares (de periodicidad mensual) y con los no menos despreciables ingresos que le llueven de la copiosa publicidad que incluye en sus páginas. Despreciando igualmente las peticiones de información económica, financiera y laboral que se le hicieron, Isidre Tutusaus se ha negado también a reconocer que los ingresos actuales de MC Ediciones superan con creces el millón de euros al mes.

 

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1 Comentario
Fecha: Martes, 3 de abril de 2018 a las 17:24
Daniel Casal
Estoy plenamente de acuerdo con el análisis general del articulo, no tanto con algunos puntos del funcionamiento del la Ley Concursal, pero lo que si es cierto, es que se trata de una estafa en plena regla. en el SOC, hemos tenido que luchar en diferentes ocasiones con situaciones como las descritas, y es cierto que es desesperante, aun continuamos luchando contra la situación de concurso de acreedores del Beverly Park ( mas de cinco años ) propiedad de la familia Ruiz Mateos y su Opus Dei.

El abandono en el que se encuentran los trabajadores al no darse solución definitiva es inmoral ademas de disfrazar un ERE despidiendo poco a poco la plantilla.

No es este lugar donde extenderse, pero solo un apunte mas, cuando se decreta el Concurso de Acreedores por parte del juez a una empresa y se le asigna una Administración Concursal, estos, los administradores, cobran inmediatamente entorno al 60% de sus honorarios.... después empiezan a actuar.

Daniel Casal
FSOC

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