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Jueves, 29 de marzo de 2018
¿Dónde ha quedado la reforma constitucional de la que hablaban PP y PSOE?

RED ROJA: "BUSCAMOS LA UNIDAD DE ACCIÓN Y LA SOLIDARIDAD DE TODOS LOS PUEBLOS DEL ESTADO EN DEFENSA DEL MOVIMIENTO CATALÁN"

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El Tribunal Supremo ha dictado un auto de procesamiento de 25 diputados y dirigentes del movimiento independentista catalán -recuerdan desde Red Roja - retorciendo los hechos del 20 de septiembre y del 1 de octubre pasados, abusando de los tipos penales y pisoteando los derechos individuales y colectivos como representantes parlamentarios (...).

 

RED ROJA / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-


 

 

    El Tribunal Supremo ha dictado un auto de procesamiento de 25 diputados y dirigentes del movimiento independentista catalán, retorciendo los hechos del 20 de septiembre y del 1 de octubre pasados, abusando de los tipos penales y pisoteando los derechos individuales y colectivos como representantes parlamentarios. Con la resolución de prisión por rebelión se castigan ideas y voluntades políticas, porque la cúpula judicial es el ariete del Estado opresor. Busca imponer por la fuerza la sumisión del pueblo, la aniquilación de sus organizaciones políticas y la asimilación cultural y lingüística para mantener su dominio sobre la tierra conquistada a sangre y fuego y cuya simple reivindicación de identidad propia es vista como una amenaza al Régimen monárquico y pro-imperialista constituido en 1978.


 

 

 

      Los dirigentes del Procés intentaban forzar la negociación política y el apoyo internacional... subestimaron la agresividad del Estado y prefirieron la desmovilización frente a la represión. Hoy están a merced de inquisidores y carceleros que preparan el escarmiento y castigo colectivo al pueblo que ha osado autodeterminarse reclamando libertad e independencia política.
 

 

 

  

   Sabemos que la represión abierta o los ataques constantes a la libertad de expresión son una muestra de la debilidad del Estado, de su incapacidad para estructurarse con alternativas políticas que reconozcan e integren los derechos nacionales de sus pueblos. Pero no conviene infravalorar la capacidad represiva del Estado, los mecanismos político-judiciales, policiales y mediáticos están intactos y mucho más reforzados que en su antecedente franquista; simplemente se recubren de un velo de formas aparentemente democráticas que cada vez oculta peor su auténtica naturaleza. Caen las caretas pero no les importa: el "bien jurídico-constitucional" que defiende el juez Llarena no es ningún principio democrático sino la unidad de España como base del propio aparato del Estado contra un enemigo ideológico, el soberanismo catalán, cuya mera existencia se tolera como legal mientras no realice ninguna acción para materializar sus fines.

 

 

 

 

        Por otro lado, el movimiento nacional catalán está inmerso en un paralizante debate entre los que quieren adaptarse a los límites autonómicos para ganar tiempo, reagruparse y "reconstruir las trincheras", y los que señalan que abandonar ahora el combate es ceder el terreno y desperdiciar las luchas del 1 y el 3 de Octubre rebajando los objetivos a solo la lucha antirrepresiva. Esto es producto del institucionalismo burgués, del temor a la movilización popular –sobre todo si es independiente y autoconvocada– y de una falsa idea de las posibilidades de las instituciones autonómicas de la Generalitat: no pueden superar sus estrechos límites y estarán además intervenidas y controladas, de modo que el levantamiento de la intervención de la Administración catalana por el Art. 155, cuando se produzca, será solo formal y la única ventaja de que se nombre un Govern de la Generalitat  "efectivo" (es decir, un simple gestor en libertad vigilada) y esté ocupado por independentistas, será que se frenen los planes de demolición del autogobierno, de la escuela, la sanidad y las industrias culturales catalanas. Otra cosa será la imposibilidad de legislar a favor de ampliar la soberanía y proteger a las clases populares, como ya se vio en la anterior legislatura, cuando todas las leyes sociales que promulgó fueron recurridas y anuladas total o parcialmente por el Tribunal Constitucional.

 

 

 

 

      No existe “el problema catalán” que se pueda resolver encarcelando a los que no acaten la legalidad española porque el problema está en el propio régimen español, en su falta de estructuración democrática al no reconocer los pueblos y naciones que lo integran, en su deriva autoritaria y reaccionaria que amenaza por igual los derechos políticos y sociales. La crisis capitalista, la prioridad a pagar la deuda pública y las propias contradicciones del Estado ponen en cuestión incluso los derechos democráticos elementales y revelan el agotamiento de la corrupta monarquía borbónica. ¿Dónde está la reforma constitucional de la que hablaban PP y PSOE? No hay espacio para intentarla y mucho menos para desarrollos de tipo federal o de reconocimiento plurinacional como sueñan algunos: sigue primando el aparato del Estado heredado del franquismo sin ruptura ni depuración alguna. El bloqueo y la ingobernabilidad se producen por el cierre de filas y la involución reaccionaria ante la presión de las reivindicaciones populares y democráticas. La precariedad laboral, los recortes sociales y ataques a las pensiones van en paralelo con las restricciones de derechos y acciones contra la libertad de expresión.
 

 

 


    En Catalunya, las medidas judiciales contra diputados que no han sido juzgados han impedido ya tres veces la investidura de un nuevo presidente tras unas elecciones que fueron impuestas y gravemente alteradas por represión e injerencia judicial (candidatos amenazados) con el propósito de que expresaran rendición y sumisión.
 

 

 

 

   Con el encarcelamiento del president Puigdemont y de los consellers se ha puesto en marcha una amplia movilización antirrepresiva en calles y carreteras de toda Catalunya y varios grupos parlamentarios anuncian un Frente Democrático por la libertad de los presos políticos y la defensa de los derechos parlamentarios.
 

 

 

 

    Saludamos y apoyamos las iniciativas antirrepresivas pero es necesario evitar que se utilicen para condicionar o sustituir las reivindicaciones políticas y nacionales. Ni las promesas de diálogo ni la ilusión de lograr condenas benévolas o indultos valdrán nada si comportan la renuncia a las reivindicaciones políticas y sociales. ¡Ni un paso atrás!

 

 

 

 

     Buscamos la unidad de acción y pedimos la solidaridad de todos los pueblos del Estado para salir en defensa del movimiento catalán que hoy levanta la bandera de los valores republicanos por una lucha común contra el Régimen que nos oprime y explota a todos. Llevemos el llamamiento a la solidaridad a los barrios y a los centros de trabajo y de estudio. Llevemos a las luchas sociales en que participemos la solidaridad con los represaliados en Catalunya. Dediquemos la reivindicación de la República del 14 de abril a exigir también la libertad de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados del gobierno catalán legítimo.

 

 

 

      La República de 1931 se definía como social y de los trabajadores, con una relación bilateral entre pueblos y naciones. La mal llamada Transición dio la espalda a esos postulados ;hoy hay que recuperarlos organizando la solidaridad urgente con el pueblo catalán que se enfrenta a un ataque brutal y generalizado.

 

 

 

  

   ¡Fuera el 155! ¡Libertad para las presas y presos políticos! ¡Autodeterminación y República para Catalunya y todos los pueblos del Estado!

 

 

27 de marzo de 2018

 

 
 
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