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Viernes, 23 de marzo de 2018
Ahora bajo la investigación de la ONU

PASCUAL SERRANO: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO ESPAÑOL SE NEGÓ A LEGALIZAR A 200 NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

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¿Recuerdan las numerosas páginas de prensa y la cantidad ingente de horas de noticias que los medios españoles dedicaron a denunciar "ataques a la libertad de expresión" en Argentina, Ecuador o Venezuela? Pues bien, ahora los lectores tendrán la oportunidad de constatar la nula atención que los grandes medios españoles le dedicarán al proceso de investigación Iniciado por las Naciones Unidas contra España por Su negativa a legalizar a más de 200 medios comunitarios de información radiofónica y televisiva.

REDACCIÓN CS

 

 

       Pascual Serrano es un conocido periodista y ensayista español, especializado en temas de comunicación y autor, asimismo,  de títulos tales como "Washington contra el mundo", "Violencia y medios de comunicación", "Traficantes de información, "La historia oculta de los grupos de comunicación españoles"…

 

 

      Hace unas pocas fechas Serrano publicó un artículo titulado "¿Sabías que la ONU investiga a España por negar la legalización a 200 medios de comunicación?", en el que  el periodista ponía de relieve el férreo control que los diferentes gobiernos del régimen monárquico han ejercido para controlar e impedir la aparición de  medios de comunicación alternativos.

 

 

        Con objeto de facilitar la lectura en Internet del artículo de Pascual Serrano, hemos recogido los aspectos fundamentales de la misma, presentándolos  en forma de entrevista para hacerlos más accesible a nuestros lectores.

 

 

 


    P- Las Naciones Unidas han pedido al gobierno español que proporcione información que explique por qué no se han conseguido licencias de televisión y de radio a medios comunitarios.

 


 

      Si, en efecto, así ha sido. ¿Recuerdan las páginas de prensa y  la cantidad horas de noticias que dedicaron los medios españoles a denunciar ataques a la libertad de expresión en Argentina, Ecuador o Venezuela? Ahora todos tendremos la oportunidad  de comparar  aquel propagandístico despliegue con  la famélica difusión que han dado y darán a la noticia de que las Naciones Unidas han pedido al gobierno español que aporte información para explicar por qué no ha concedido licencias de televisión y de radio a medios comunitarios,  sobre lo que no hemos tenido la más mínima información de aquí para atrás.

 

 

      La cuestión es que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha iniciado una investigación a nuestro país  por excluir a las televisiones comunitarias en el reparto de licencias.  Pero eso no es todo. Este organismo internacional examinará si el gobierno español ha vulnerado o no 5 artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, un tratadoque fue firmado  por España en 1977.

 

 

 

 

      P. - Pero el control sobre la creación de medios alternativos, tanto televisados como radiofónicos, no es algo nuevo en España. Ha sucedido prácticamente durante las últimas cuatro décadas, sin hablar ya del férreo control que existía durante el franquismo.


 

     La cuestión es que los diferentes gobiernos españoles han ido invirtiendo más o menos dinero en los medios estatales y concediendo más o menos licencias radioeléctricas para los medios privados en función, naturalmente, de sus afinidades ideológicas.

 


      Pero todos esos gobiernos han sido premeditadamente cicateros con los medios comunitarios, a sabiendas  de que en ellos podía encontrarse una línea colectiva y periodística más crítica y menos manejable .


 

 

       El desprecio hacia ellos ha sido tal que, incluso en la ley audiovisual antes citada de 2010, donde se les da reconocimiento, se precisa que "salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica".

 

 

 

     P.- ¿Qué sentido tienen esas limitaciones económicas? ¿Cuál es su finalidad?

 

 

      Están muy claras. Los medios comunitarios deberán, por ley, ser precarios y humildes, con mínimo presupuesto y capacidad, para no crearle competencia a las empresas comerciales. Como consecuencia de esos límites en su facturación no pueden generar empleo. De hecho, solo el 22% de estos medios tienen a alguna persona contratada.

 

 

 

 

P.- Pero ese tipo de control  ¿es similar en todos los países?

 

 

     - En absoluto. En  esos países latinoamericanos a los que nuestros medios privados han presentado reiteradamente como  "depredadores de la libertad de expresión", como los casos de  Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia o Uruguay, la legislación dividió las licencias de emisión en tres tercios. Un tercio para los medios del Estado, un tercio para los medios privados comerciales y otro tercio para los colectivos comunitarios. En este último tercio  se incluye un amplio espectro que  de grupos indígenas, sindicales, vecinales…  que cuentan, además, con gran cantidad de recursos públicos. Éstos van desde locales a capacitación, apoyo tecnológico o publicidad institucional.

 

 

 

p.- ¿Cuál es el peso de estos medios de comunicación alternativos y comunitarios tienen  en el Estado español?

 

 

     - En España, los medios comunitarios con sus limitaciones pero también con su grandeza,  han sido en el mejor de los casos despreciados e ignorados y en otros muchos perseguidos y cerrados. La Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) tiene registrados 200 medios comunitarios de radio y televisión en España. Una decena de ellos son televisiones.

 


 

     Alrededor de unas 5.000 personas producen contenidos sin ánimo de lucro. Estos medios se encuentran hoy en una situación de alegalidad, bajo la amenaza de un cierre arbitrario por parte de la Administración, que sabe que es la única forma que tiene de intentar lograr su sumisión editorial.


 

 

        La cuestión ahora es que  ante el requerimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas , el gobierno español tiene seis meses para responder aa las preguntas de la ONU.  De lo que podemos estar seguros es de que la gran mayoría de los medios privados, especialmente las radios y televisiones que acaparan todas las licencias, no nos van a contar  en sus  noticiarios o tertulias lo que vaya sucediendo al respecto.

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2 Comentarios
Fecha: Viernes, 23 de marzo de 2018 a las 04:27
Juana
Criaturas mías, lo que se ve y se oye en las radios y televisiones comerciales del sistema es criminal de ver y oir, casi siempre están incinerando la verdad y metiendo cuñas sobre ha que partido de "moda" hay que votar... de derechas por supuesto, lo tienen todo controlado mediáticamente. Gracias a los medios comunitarios por existir sin ellos estariamos completamente lobotomizados a gran escala y sin saber por donde tirar entre tanta basura e intoxicación mediática. Mientras exista algún medio comunitario siempre estará la llama encendida de la resistencia y la verdad... cuenten conmigo para lo que sea, amigos y amigas. Saludos.
Fecha: Viernes, 23 de marzo de 2018 a las 04:09
Ezequiel
Dentro de seis meses el gobierno español va a largar mierda por la boca ante las preguntas de la ONU... es un adelanto que ya hago ahora.

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