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Jueves, 15 de febrero de 2018
Sobre la sentencia condenatoria del Tribunal de Estrasburgo en el caso Portu-Sarasola

ESTADO ESPAÑOL: EL ENCUBRIMIENTO DE LA TORTURA

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La sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el caso Portu-Sarasola, condenando al Estado español por la violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, es una buena ocasión -escribe Xavier Makazaga - para recordar cómo actúan coordinados para encubrir la tortura los cuatro pilares de dicho estado: los tres clásicos que se suponen independientes en una democracia, legislativo, ejecutivo y judicial, y el llamado cuarto poder, los medios de comunicación.

 

 

Por XAVIER MAKAZAGA / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

    La sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el caso Portu-Sarasola, condenando al Estado español por la violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, es una buena ocasión para recordar cómo actúan coordinados para encubrir la tortura los cuatro pilares de dicho estado: los tres clásicos que se suponen independientes en una democracia, legislativo, ejecutivo y judicial, y el llamado cuarto poder, los medios de comunicación.

 

 

 

 

     El poder legislativo sigue permitiendo que haya un espacio opaco, la incomunicación, en el que pueden actuar con absoluta impunidad los torturadores y baste un ejemplo para comprobar hasta qué punto llega la coordinación entre los otros tres pilares a la hora de valerse de la incomunicación para encubrir a los torturadores. Un ejemplo que mencioné en un libro disponible en Internet, “El caso Portu-Sarasola. Los encubridores de la tortura al desnudo”, y que tuvo como protagonistas a altos representantes de esos tres pilares: el entonces ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el juez Fernando Grande-Marlaska y el diario El País.

 

 

 

 

 

 

    Al día siguiente de ser detenidos Igor Portu y Mattin Sarasola, el 7 de enero de 2008, Rubalcaba afirmó literalmente en una rueda de prensa que la Guardia Civil acababa de localizar un zulo con explosivos «por un croquis que llevaba uno de los dos detenidos». Algo absolutamente falso, porque aquel croquis lo obtuvieron torturando a Sarasola que permaneció cinco días incomunicado mientras Portu estaba ingresado en grave estado en el hospital donde pudo negarse a declarar.

 

 

 

 

 

    Cuatro días después, fue el juez Marlaska quien tomó el relevo de Rubalcaba para apuntalar aquella flagrante mentira. Lo hizo afirmando, en el auto de prisión de Mattin Sarasola, que los zulos no habían sido localizados gracias a las declaraciones de éste, «sino por la ingente y encomiable labor de la Guardia Civil, que ha sabido interpretar la documentación aprehendida».

 

 

 

 

 

 

    Ahora bien, antes de dictar aquel auto de prisión, el juez Marlaska sabía que Sarasola fue obligado a dibujar cuatro croquis en los que ubicaba dos zulos y dos puntos de entrega. No podía no saberlo, porque aquellos cuatro croquis venían recogidos en el registro de la primera declaración que se vio obligado a prestar Sarasola mientras estuvo incomunicado. Una declaración que empezó a las 20:12 del 7 de enero de 2008 y finalizó a las 02:00 del día siguiente.

 

 

 

 

 

    Para comprobarlo, basta con echar un vistazo al último folio del registro de dicha declaración en el que se afirma que se preguntó al detenido «por su conformidad para realizar los croquis de los diferentes puntos de entrega y localización de zulos, respondiendo de forma afirmativa y aportándose a continuación como anexos 1, 2, 3 y 4». Más claro, agua.

 

 

 

 

 

    Pocos días después, el 16 de enero, fue el diario El País el que remató la faena publicando en primicia los mencionados croquis y afirmando en un artículo que los había dibujado Portu («gráficos hechos por Igor Portu»), y fueron localizados por la Guardia Civil «en los registros» que ésta había practicado tras las detenciones.

 

 

 

 

    Tres protagonistas, Rubalcaba, Marlaska y El País, y tres diferentes modos de divulgar la misma mentira con el mismo objetivo: esconder que la Guardia Civil localizó los zulos y puntos de entrega gracias a las declaraciones que arrancó bajo torturas a Mattin Sarasola y a los croquis que le obligó a dibujar estando incomunicado.

 

 

 

 

    Tras estallar el escándalo de torturas, Rubalcaba afirmó orgulloso que Sarasola lo había contado todo «con pelos y señales». Lo que no explicó es el motivo por el que los militantes de ETA eran tan propensos a contarlo todo «con pelos y señales» en manos de la Guardia Civil y, en cambio, se negaban siempre a declarar al ser detenidos por la Policía francesa.

 

 

 

 

    Los media, que dedicaron durante días numerosos titulares a las declaraciones de Sarasola en dependencias policiales, acostumbran a dar una gran importancia a ese tipo de confesiones filtradas por “fuentes antiterroristas”. Unas confesiones que, en ese caso, sirvieron a las mil maravillas para amortiguar el escándalo de torturas.

 

 

 

 

    Esos mismos media también han resaltado en no pocas ocasiones el «mutismo habitual» de los militantes vascos detenidos por la Policía francesa. Sin embargo, siempre han evitado hacer la más mínima mención a lo bien difícil que es explicar el hecho de que el absoluto mutismo en el Estado francés se transforme por arte de magia en el español en un torrente de detalladas confesiones. Un contraste de lo más llamativo que no ha merecido nunca el más mínimo espacio en esos media que, como la gran mayoría de los españoles, «no quiere saber nada de la tortura, porque le viene muy bien no saber nada de la tortura», tal y como acertadamente denunció en su día el periodista Javier Ortiz.

 

 

 

 

 

    Por eso, sería de sumo interés preguntar al respecto tanto a esos medios de comunicación como a todos quienes siguen negando la utilización sistemática de la tortura en el contexto de la por ellos denominada “lucha antiterrorista”. Porque tras el estudio sobre la tortura encargado por el Gobierno Vasco en el que la carga de la prueba ha recaído sobre quienes han denunciado haber sido torturados, convendría hacer otro estudio en el que la carga de la prueba recaiga sobre quienes niegan los actos de tortura.

 

 

 

 

    En efecto, convendría analizar la credibilidad de quienes tratan de mentirosos a quienes alegan haber sido torturados. Una labor que bien podría realizar un mecanismo independiente para la averiguación de la verdad imprescindible para que miles de víctimas de la tortura reciban por fin toda la verdad, justicia y reparación, con garantías de no repetición, que tanto necesitan.

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