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Viernes, 3 de noviembre de 2017
Como en los tiempos de las masacres de la United Fruit Company

UNA EMPRESA PRIVADA DE HONDURAS ORDENÓ LA MUERTE DE BERTA CÁCERES

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Las conclusiones del informe del Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE), organizado en noviembre de 2016 para apoyar la investigación del crimen de activista hondureña Berta Cáceres, nos muestra hasta dónde pueden llegar las clases dominantes en la defensa de sus intereses.

 

 

 

Por CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ/CANARIAS SEMANAL.ORG.-

 

 

 

    Las conclusiones del informe del Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE), organizado en noviembre de 2016 para apoyar la investigación del crimen de la activista hondureña  Berta Cáceres, nos muestran hasta dónde pueden llegar las clases dominantes en la defensa de sus intereses.

 

 

 

    En el documento titulado Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres, presentado este martes, se señala a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima DESA, de la hidroeléctrica Agua Zarca, como responsable directo del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, perpetrado en marzo de 2016.

 

 

 

    De acuerdo con la fuente, la eliminación física de Cáceres fue ordenada por ejecutivos de la compañía -la misma a la que ella se oponía- en alianza con fuerzas de seguridad del Estado.

 

 

 

    En el documento se explica que el crimen "fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia" de la ambientalista y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

 

 

 

    El informe agrega que los empleados de DESA actuaron en "alianza con fuerzas de seguridad del Estado y con estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado hondureño".

 

 

 

    Sin embargo, para los familiares de la activista las conclusiones de la investigación no constituyen ninguna novedad, sino una mera confirmación de lo que ya sabían.

 

 

 

    En este sentido, Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la dirigente ambientalista, declaró a medios internacionales  que para su familia "no es una sorpresa" lo que señala el informe.

 

 

 

    "Siempre dijimos que nuestra principal sospecha de la autoría intelectual apuntaba a la Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, por lo cual siempre hemos pedido una investigación"- insistió la joven en el marco de la presentación del informe al que asistieron, igualmente, su abuela y  madre de la líder indígena Berta Flores y sus hermanas.

 

 

 

    Por su parte, Laura Zúñiga, otra de las hijas de la activista Berta Cáceres, reconoció que se trata de "una evidencia tan clara que demuestra la participación de cada uno y describe el modus operandi de directivos de la empresa articulados con funcionarios del Estado" en el crimen.

 

 

 

    Asimismo, se mostró esperanzada  de que las autoridades procedan con "la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales" atendiendo a la  “suficiente suma de pruebas” para proceder a la detención de los responsables.  

 

 

    No obstante, señaló sus  reservas señalando la culpabilidad del  Estado hondureño por no haber protegido a su madre, quien gozaba desde 2009 de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego  de haber denunciado amenazas de DESA por  liderar las movilizaciones contra la construcción de una hidroeléctrica.

 

 

    "Esta omisión fue muy propicia para que se ejecutará el crimen"- sentenció la hija de la activista asesinada.

 

 

    Por su parte, el abogado guatemalteco Miguel Ángel Urbina, miembro de GAIPE, recordó que la muerte de la activista no es un hecho aislado, “sino el resultado de una "planificación" llevada a cabo por ejecutivos de DESA para salir ilesos.

 

 

 

    Recordemos que Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, en un ataque del que salió ileso el ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo de los hechos.

 

 

    El asesinato político de Cáceres, finalmente, solo ha venido a reafirmar, por enésima vez, la constatación de que la burguesía siempre recurrirá a la violencia para sostener sus privilegios y que, muy a menudo lo hace incluso cuando estos y su dominación política ni siquiera se encuentran en peligro.

 

  Y, en Latinoamerica, a la protección de sus intereses que ejecutan las fuerzas armadas y la policía se une la ejercida a través del paramilitarismo y el sicariato.

 

   Cualquier coyuntura donde se manifieste descontento social organizadamente puede activar los mecanismos de la máquina de terror capitalista.

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