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Lunes, 11 de septiembre de 2017
"Combatir el modelo turístico implica organizar a los afectados en estructuras combativas"

DEFENDER EL BARRIO: SOBRE VIVIENDA Y TURISTIFICACIÓN EN CANARIAS

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En Canarias el sector agrícola, históricamente motor económico del archipiélago, hace mucho que fue suplantado por el turismo. De hecho - escribe Ruymán Rodríguez - éste se nos vende como la única alternativa económica, en un discurso hegemónico que hasta la izquierda insular compra (...).

Por RUYMÁN RODRÍGUEZ (*) / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

 

   En la segunda mitad del siglo XX el modelo capitalista ha tenido que reconvertirse en determinadas zonas para sobrevivir y expandirse. El capitalismo industrial ha dejado paso en muchos casos a un capitalismo basado en los servicios, reproduciendo el llamado tránsito del fordismo al posfordismo. En Canarias el sector agrícola, históricamente motor económico del archipiélago, hace mucho que fue suplantado por el turismo. De hecho éste se nos vende como la única alternativa económica, en un discurso hegemónico que hasta la izquierda insular compra (1). No hay vida más allá del turismo y la hostelería. Este proceso se conoce como terciarización de la economía y es lo que ocurre cuando el tercer sector (servicios) se convierte en el modelo económico preponderante y subordina o intoxica al resto de sectores (agrícola e industrial).

 

 

 

      Entender el turismo como una categoría económica que por sí misma puede sostener materialmente un territorio es un grave error. Su carácter volátil, todavía mucho más dependiente de modas y tendencias que el resto de servicios y productos, lo convierte, en el mejor de los casos en pan para hoy y hambre para mañana. Es un modelo económico tan frágil que en lugares como Canarias prácticamente hay que desear cada año que en otros destinos turísticos se produzca un desastre natural o un atentado para ganar visitantes y poder seguir subsistiendo. A ese grado de mezquindad nos reduce este modelo.

 

 

 

     Los defensores de la terciarización nos dirán que el 31% del P.I.B. canario lo genera el turismo (2), y que el 36% del empleo en Canarias (un 25% de forma directa) está vinculado también con dicha actividad (3). Lo que no nos dirán es que habiendo aumentado esta actividad su rentabilidad en todo el Estado en un 11’45%, sólo se ha producido un 3% del crecimiento del empleo(4). El beneficio que genera el turismo no va a los obreros y si la cantidad de trabajo que demanda sólo produce ese magro porcentaje de crecimiento es porque todo recae sobre unas plantillas que apenas se amplían y que son terriblemente sobreexplotadas. Si el modelo fuera la panacea que nos venden no tendría sentido que las Islas Canarias fuera una de las zonas más turísticas del Estado y a la vez uno de los territorios más pobres. En el archipiélago el turismo no ha impedido que tengamos un 26% de paro (5), el segundo sueldo más bajo del Estado (6), un 35% de población por debajo del umbral de la pobreza y en situación de exclusión social (7) y el récord estatal de pobreza infantil con un 35% de nuestros menores viviendo en la miseria (8).

 

 

     La calidad del trabajo que genera el turismo es algo que no vamos a descubrir ahora: es trabajo precario, estacional, con sueldos ridículos y jornadas laborales maratonianas. Una camarera de hotel cobra al mes lo mismo que gasta un turista a la semana (9). Sí, el turismo genera dinero, pero este no llega a la población trabajadora.

 

 

 

   Pero el turismo no es solo el responsable de un desigual modelo económico; su masividad también tiene consecuencias ecológicas, sociales y urbanísticas. Hablar de los efectos ecológicos es redundante: el turismo se alimenta principalmente de hormigón, ha convertido el sur de la isla en un bloque de cemento flotante, ha destruido el litoral hasta convertirlo en una enorme zona recreativa para adultos y ahora, con la nueva Ley del Suelo del Gobierno de Canarias (aprobada definitivamente este 2017), un 10% del suelo rural se puede dedicar a actividades no agrícolas (es decir, al turismo).

 

 

 

    El turismo no tiene unas consecuencias menos graves en el plano urbano. La población de Canarias asciende asciende a 2.100.000 habitantes (10). El año pasado recibimos 13.300.000 turistas (11) (en Canarias, en el resto del estado fueron 75,3 millones (12)), un 10% de ellos tienden a alojarse en zona residencial (13). Según el gobierno autonómico canario (datos de 2015) hay unos 28.000 inmuebles dedicado al alquiler vacacional en todo el archipiélago (14), unas 121.000 camas que acogen a 1,2 millones de turistas (15). Esta es la turistificación, el turismo que masifica y destruye los barrios, en cifras. A pie de calle su influencia, aunque no se detecte inmediatamente, es innegable. La equipación urbana y los servicios empiezan a destinarse casi exclusivamente a la población flotante, quedando la población residente cada vez más relegada y con sus necesidades básicas más insatisfechas. Dónde antes se primaban los ambulatorios y las escuelas públicas, ahora se promocionan las clínicas de estética y las academias privadas; donde antes se reclamaban espacios de ocio para mayores y niños ahora se imponen centros comerciales y peluquerías caninas. Se le da prioridad a lo superfluo cuando aún no se dispone de lo necesario.

 

 

 

   Esto abre las puertas a otro fenómeno íntimamente ligado con el turismo: la gentrificación. Es un término acuñado por la socióloga anglo-alemana Ruth Glass en 1964 (16). Deriva de la palabra inglesa gentry (clase alta), y podríamos traducir el proceso como “elitilización”. Hagamos una pequeña retrospectiva para entenderlo bien.

 

 

 

      El modelo fordista era una lacra y concentraba en las ciudades a grandes masas obreras empobrecidas dependientes de su empleo. Pero como siempre ocurre con el capitalismo, si cambia nunca es para mejor. Hoy en esos barrios obreros el paro ha hecho estragos, y el sistema ya no necesita tener cerca de unos inexistentes centros de trabajo a una clase obrera que actualmente es clase desempleada y que en muchos casos sobrevive de la economía en B. La administración, de forma intencionada, procede a permitir el deterioro de dichos barrios, sin hacer ninguna inversión en ellos, dejando que muchos inmuebles sean declarados en ruinas. Esta decadencia controlada y deliberada es el paso previo para posicionar a la opinión pública, especialmente a los propios vecinos del barrio afectado, a favor de un proceso que al final acabará por echarlos de sus casas. Esto forma parte en realidad de un movimiento de pinza pues se produce simultáneamente con otra maniobra: cuando dichos barrios obreros, históricos y a veces céntricos, están próximos a determinados servicios o zonas de ocio (en Canarias principalmente los barrios cercanos a la costa) se convierten en el objetivo de los especuladores inmobiliarios, que no tardarán en hacer acto de presencia para acaparar todos los inmuebles que puedan a precio de saldo.

 

 

 

 

   Tenemos por un lado un barrio en declive, lleno de propiedades baratas, y por otro a un grupo de inversores privados, promotores, tour operadores, empresas telemáticas (como Airbnb), fondos buitres, bancos e inmobiliarias que ven el negocio de unos barrios accesibles (a nivel de transportes y servicios), próximos a las playas y a otras ofertas de ocio, y donde echar a la población residencial para meter turistas y personas de clase alta les saldrá literalmente gratis. Estos depredadores están convencidos de que no pueden perder, no tienen más que escoger un barrio, que reúna todos los requisitos enumerados, y no parar hasta hacerse con él. Y no les será complicado: los grupos de inversión no tienen más que contactar con los antiguos propietarios, hablarles de las ventajas de ahorrarse el mantenimiento del inmueble y la gestión, convencerles de que se los cedan y sin más esfuerzo que apretar la tecla de la avaricia empezar a repartirse un dineral. Los caseros, obviamente, lo ven claro: si antes cobraban 400€ al mes a una familia obrera que ha pasado toda su vida en el barrio, ¿por qué no cobrar lo mismo a la semana, por habitación o colchón, alquilando a turistas? Que esto suponga que una familia con pocos recursos tenga que ser expulsada de su hogar es una circunstancia que al rentista le importa poco.

 

 

 

 

   Esto está propiciado por la reforma de la LAU (Ley de Arrendamiento Urbano) en 2013 (17). Antes la actualización de los alquileres debía establecerse en base al IPC (Índice de Precios de Consumo), a partir de dicha reforma es completamente “libre”, para el propietario, que puede fijar el precio del alquiler que le apetezca. La libertad del inquilino, por el contrario, se sacrifica en el altar de la propiedad privada. En este nuevo marco, cumplidos los 3 años obligatorios de prorroga (antes de dicha reforma de la LAU eran 5), los propietarios no renuevan los contratos de arrendamiento a los antiguos inquilinos para poder así destinarlos al alquiler vacacional. Y si tienen la deferencia de ofrecerles actualizar el contrato les pedirán que como mínimo igualen los 1200-1600 € de alquiler que esperan ganar con los turistas. Esto es obviamente imposible y se ha convertido en la causa de que miles de familias tengan que irse a vivir cada vez más lejos de sus ciudades de origen y también es un factor importante en el incremento del número de desahucios.

 

 

 

     Hay quien argumenta que la innegable subida del precio del alquiler se produce por factores demográficos y por la paralización de la construcción de nueva vivienda en la isla. Este es el argumento de los que niegan que la vivienda en Canarias esté siendo sometida a una enorme tensión especuladora. Pero los datos no engañan. Aunque el Gobierno de Canarias afirme que en el archipiélago sólo hay 61.000 inmuebles vacíos (18), otros organismos oficiales hablan de 138.000 (19), una cifra mucho más realista que contrasta crudamente con los 35.000 demandantes de vivienda pública en las islas (20). Estos inmuebles vacíos, muchas veces retenidos por particulares, bancos y fondos buitres con fines especuladores, demuestran que en Canarias hay viviendas de sobra para todos. Que haya gente en la calle es una verdadera y cruel incongruencia, que nada tiene que ver con una ficticia escasez de inmuebles; en realidad hay un claro superávit, pero que ni la administración ni los actores del sector inmobiliario piensan redistribuir equitativamente cuando hoy por hoy la vivienda en alquiler (principalmente vacacional) es uno de los activos financieros más atractivos (21).

 

 

 

   Esto que he descrito es el corolario que nos conduce a la actual burbuja del alquiler. Después del batacazo de las hipotecas cada vez más gente se ha visto obligada a vivir en régimen de alquiler (un 23% ya de la población del Estado (22)). Desde 2013 el alquiler ha subido en el Estado español un 25%(23). Y desde el 2015 una media de un 15% (24). Pero esta carestía no es producto solo de un cambio de modelo inmobiliario; está estrechamente relacionado con el alquiler vacacional como demuestra que las mayores subidas se hayan dado en tres ciudades que principalmente tienen en común el fenómeno del turismo: en Barcelona (19,8%), Las Palmas de Gran Canaria (16,1%) y Palma de Mallorca (14,1%) (25). Siendo principalmente sangrante el caso canario porque aquí tenemos la segunda mayor subida del alquiler mientras los salarios son de los más bajos del Estado.

 

 

 

      El resultado de esto, como comenté anteriormente, es un incremento en el número de desahucios por impago de alquiler. Todos los días se producen unos 200 lanzamientos en el Estado español(26), un 5% de ellos en Canarias (735 el tercer trimestre de 2016 (27)). Más de la mitad de ellos se ejecutan contra inquilinos(28). Todo esto sin contar la cantidad de desahucios invisibles y silenciosos tan comunes en los casos de alquiler, resultado de múltiples factores: relación directa con el casero, desconocimiento total de los propios derechos, culpabilización del insolvente y beatificación del propietario, miedo a la confrontación con un particular, nulo interés de colectivos y plataformas de vivienda, etc.

 

 

 

     Todos estas expulsiones del barrio, forzosas o voluntarias, nos llevan a un verdadero éxodo interior. Innumerables familias abandonan sus casas y se exilian en la periferia, en un cinturón cada vez más grande de ciudades dormitorio ubicadas en el extrarradio. El artificial distrito Puerto-Guanarteme-Isleta en Las Palmas de Gran Canaria es un claro ejemplo de ello. Las familias son obligadas a abandonar las pocas casas de renta antigua que quedaban en las inmediaciones de Las Canteras. De ahí se les acaba expulsando también de Guanarteme o de La Isleta, culminando un proceso que ya no copa la primera línea de playa, sino hasta la segunda o tercera. Es muy fácil encontrar apartamentos en La Isleta, próximos a La Puntilla, que arriendan el m² a 15 ó 20 €, pudiendo llegar una ratonera de 25 m² a 500 € (29). Eso, mientras en las partes más profundas del barrio se amontonan las casas en ruinas y abandonadas.

 

 

 

   Los colectivos sociales de corte amable de las islas ni siquiera se han pronunciado sobre la turistificación y el alquiler vacacional fuera de los ambientes ecologistas. Muchos creen que basta con el vergonzante decreto sobre alquiler vacacional que presentó el Gobierno de Canarias en 2015(30). La mayoría ha querido ignorar que este decreto solo quería limitar el alquiler vacacional en suelo turístico, defendiendo los intereses del lobby hotelero, dejándolo intacto en suelo residencial, que es precisamente donde más daño hace. En abril de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, defendiendo el “sagrado derecho a la competencia”, tumba las limitaciones que quería establecer el decreto precisamente en zona turística (31). La destrucción del espacio urbano no es materia que se trate en parlamentos y juzgados, tampoco en los despachos de plataformas y colectivos. Esta lucha solo la podemos plantear los vecinos en las calles.

 

 

    Las soluciones no están en la actividad parlamentaria ni en la vía institucional. Esa estúpida idea de que basta con colocar a okupas o a activistas provivienda en un ayuntamiento para que se regule la gentrificación ya ha sido refutada en la práctica por los concejales del Patio Maravillas en Madrid y por Colau y su equipo en Barcelona. Los gobiernos no cambian una ley mientras que las calles no ardan. Voluntariamente no conceden nada; se les quita o se les arrebata. Y esto solo se logra cuando se tiene una mano ganadora con la que presionar, cuando se puede poner sobre la mesa un argumento de fuerza respaldado por la fuerza de la calle. Los gobiernos ceden cuando la situación es insostenible y la gente en los barrios empieza a vivir sin consentimiento lo que después los políticos se ven obligados a normalizar con su legislación. Ha sido así desde la lucha por la jornada de 8 horas, y la dinámica gubernamental no ha cambiado. Nada se obtiene por ciencia infusa, nada se conseguirá por la vía legal/política mientras la gente no lo haya conquistado previamente en la calle. Y aún así el resultado es dudoso. Las leyes sobre la propiedad se aplican diariamente con todo su rigor y brutalidad. Son “leyes de sangre”. Después están las “leyes de papel”, que ya sean sobre memoria histórica, dependencia, empadronar okupas, no tienen por qué acatarse. Ningún organismo público será condenado por incumplirlas, y si se les condenara, no por ello dejarían de quebrantarlas. No es mi intención hacer una defensa de unas supuestas “leyes amables”. Todas son o punitivas o inútiles, nada que rescatar. Es más bien una reflexión sobre la arbitrariedad de la ley y la reafirmación de esa máxima de Anacarsis según la cual “la ley es como una telaraña: atrapa a las moscas y deja escapar a los pájaros”(32). Reitero que la solución al turismo masivo debe partir de la calle.

 

 

 

    Ya hay una manifestación de hostilidad social en distintas ciudades del Estado español contra la turistificación de nuestros barrios. La narrativa hegemónica del Sistema y sus medios de comunicación ya han bautizado esta repulsa a la perdida de espacio barrial como “turismofobia”. Este término es como el hembrismo, el racismo anti-caucásico o la opresión anti-heterosexual: no existen. Requiere una estructura de poder, como mínimo social, que ejerza opresión o discriminación contra dicho grupo humano. Y repito que eso no existe. Sin embargo, un término completamente artificial puede ir dotándose de solidez por la repetición constante de la propaganda y también por nuestra incapacidad de establecer un discurso que lo desmonte. Echar sal en la paella de un turista puede ser muy divertido, y seguro que creemos que estamos atacando al modelo turístico, pero la realidad es que solo le hemos jodido el almuerzo a alguien. El turista, al menos el que llega a un destino turístico low cost como Canarias, suele ser un trabajador, generalmente sin demasiada conciencia, que solo busca un lugar barato en el que veranear (33). Joderlo a él, al individuo concreto, puede darnos muchos titulares, más o menos positivos según quién lo publique, pero deja intacto el modelo y facilita la victimización que buscan los especuladores y sus voceros. Si a eso le sumamos ciertos tics de xenofobia en la crítica (“¡fuera putos guiris!”, etc.) ya le hemos envuelto el paquete propagandístico a los medios burgueses sin alterar ni un ápice las ganancias que obtienen los grandes depredadores inmobiliarios que devoran el barrio.

 

 

    La táctica del sabotaje, importante y respetable, en un lugar como Canarias, donde la población residencial está tan identificada con las bondades del turismo, no se comprendería, no si su objetivo son los propios turistas. El sabotaje debe destinarse contra la estructura, debe dedicarse a hacer daño al modelo, a evitar que siga atesorando inmuebles, que siga encareciendo los alquileres, que siga obteniendo ganancias con el deterioro del barrio, no a cargar contra una familia que dentro de 15 días, de regreso a casa, sólo recordará el asunto como una anécdota. La idea de que molestando al turista particular este dejará de venir es bastante naíf. Para eso haría falta un aparato seudomilitar de acoso constante del que no disponemos y del que sinceramente no sería deseable disponer. Sería la actividad de una vanguardia intentando dirigir la solución de un problema que jamás se arreglará sin la intervención de todos esos vecinos que están siendo desplazados, desahuciados o que corren el riesgo de serlo pronto. Hay que llegar a estos vecinos, juntarse con ellos y colectivamente atacar al modelo; hay que hacer daño en el corazón mismo de la bestia.

 

 

     Combatir el modelo implica organizar a los afectados en estructuras combativas, desarrollar una serie de demandas u objetivos en torno a los que articular la lucha y estar dispuestos a realizar las acciones necesarias que nos aproximen a dichos objetivos o incluso que los sobrepasen. Paso a desarrollarlo: es necesario crear herramientas que los vecinos puedan hacer suyas, organizaciones como los Sindicatos de Inquilinos que deberían proliferar en toda zona turistificada. Sindicatos que, independientes de cualquier partido e institución, se dediquen a aglutinar a los más damnificados del barrio hasta conceder al enfrentamiento un carácter popular. La lucha contra el turismo masivo debe ser necesariamente una lucha barrial, vecinal, o se limitará a ser una manifestación de malestar de una minoría politizada e identitaria.

 

 

     Es necesario también articular una serie de exigencias, comprensibles y plausibles, que supongan por sí mismas una batería de medidas y a su vez un programa. Ningún partido o gobierno las asumiría voluntariamente, pues supondría tanto como deslegitimar el modelo capitalista, pero más allá de que algunas medidas sí podamos imponerlas, lo importante es que generarán la tensión necesaria entre la sinrazón del mercado y el gobierno y el sentido común de una reclamación básica: que la vivienda es un bien de primera necesidad, que no puede estar sometida a las leyes de la oferta y la demanda, que no es un activo financiero ni un producto mercantil, que debe destinarse exclusivamente a algo que parecemos haber olvidado: a vivirla.

 

 

  Un modelo de exigencias podría ser el siguiente (34):

 

1. Establecer un precio máximo del alquiler en los barrios obreros.

2. Fijar el precio del alquiler en función de los ingresos del arrendatario.

3. Evitar las actividades especulativas de los multirentistas expropiando los inmuebles abandonados.

4. Proscribir el alquiler vacacional en zonas residenciales e impedir cualquier actividad inmobiliaria que promueva la gentrificación en los barrios históricos y populares.

5. Proscribir que las viviendas públicas (sea cual sea su régimen anterior) puedan ser vendidas a ningún particular.

6. Recuperar todo el suelo y las viviendas públicas vendidas a empresas, gestoras o fondos privados.

7. El modelo de arrendamiento, sobre todo en las viviendas destinadas al alquiler social, debe ser el alquiler vitalicio.

 

 

   En cuanto a las acciones, son también un objetivo en sí mismo. Más allá de las reformas gubernamentales, de las pintadas y los boicots, al modelo turístico se le hace daño si somos capaces de imponerle nuestro propio modelo social. Todos esos pisos y edificios que aún se mantienen abandonados y que sabemos que van a ser destinados al alquiler vacacional, que ya han caído en manos de inmobiliarias o promotores turísticos, deben ser expropiados y socializados, y deben ser ocupados por las mismas familias que han sido desplazadas de sus barrios natales por la gentrificación. Ya decía Kropotkin que “la expropiación de las casas lleva en germen toda la revolución social”(35). Ocupar inmuebles, como forma de arrebatarles la posibilidad de especular con nuestro suelo y con nuestro techo, y como forma de demostrar, con un ejemplo social vivo, que hay otra forma de gestionar la vivienda, otra modelo habitacional que no se basa ni en el capitalismo, ni en el paternalismo público, ni en la propiedad, ni tan siquiera en el alquiler; se basa en la autogestión.

 

 

  Es imprescindible aspirar a un modelo de vivienda gestionado de forma directa por los propios vecinos. No solo basta con combatir las formas más abusivas del rentismo, como hemos visto con los excesos del alquiler vacacional en esta oleada de turismo masivo; hay que cuestionar el propio principio de la renta, uno de los pilares de este sistema económico basado en la propiedad privada.

 

 

   Los proudhonianos clásicos consideraban que la explotación capitalista se fundamentaba en distintas categorías económicas que consistían en parasitar el esfuerzo ajeno: la plusvalía en el trabajo (36), el lucro en el comercio, el interés en el crédito y la renta en el alquiler (37). El propio Proudhon fue el primero en exigir la liquidación de los alquileres (38), demanda que heredó la Comuna de París (39) y muchas revoluciones y movimientos posteriores (40) y que languideció cuando las organizaciones obreras asumieron el discurso propietario. Hoy es muy difícil esperar que los nuevos sindicatos de vivienda asuman una medida como esta, pero tal y como los sindicatos laborales combativos deben aspirar a acabar con el trabajo asalariado, los sindicatos de inquilinos deben aspirar a acabar con la renta. Abolir los alquileres puede parecer una propuesta muy extrema, pero ni siquiera el argumentario económico más convencional puede refutar su coherencia. Explicaba Proudhon que el precio que haya podido pagar un propietario por una casa ya se ha amortizado de sobra con varias décadas de alquiler y que el arrendatario adquiere un porcentaje de propiedad con cada mensualidad pagada (41). Según este razonamiento, la mayoría de viviendas construidas antes del 2000 ya han sido pagadas con creces, ninguna retribución merece ya el propietario. ¿Y si esta vivienda se ha devaluado por el deterioro o la coyuntura y ha exigido nuevas inversiones por parte del arrendador? Cuando el mercado fija la revalorización de una propiedad el arrendatario no puede reclamarle nada al casero, ni tampoco el casero está dispuesto a compartir con nadie sus ganancias extras; que se aplique la misma lógica cuando el casero es el perjudicado y que no nos exija al resto que costeemos sus pérdidas. Pero sobra argumentar esto… La mentalidad capitalista debe dejar de marcar los análisis sociales, más cuando hablamos de necesidades básicas.

 

 

    La cuestión de fondo es que la vivienda debe de romper las cadenas que la atan al mercado, debe pasar a ser un patrimonio social colectivo gestionada directamente por los habitantes del barrio que no esté sujeta a los flujos turísticos ni a los vaivenes especuladores. Quizás parezca excesivo concentrar tanto esfuerzo en el tema de la vivienda, pero es que el barrio no es otra cosa que un espacio común conformado, precisamente, por un conjunto de viviendas, y sujeto por una red de relaciones que quienes las habitan tejen en torno a ellas. Ciertamente, no hay que idealizar el barrio. Es simplemente el lugar en el que para bien o para mal vivimos e interactuamos (muchas familias el 100% de su tiempo). Pero nadie nos puede negar que intentemos que ese espacio y esas relaciones se produzcan de la mejor manera posible. Intentar que sean lo más sanas, igualitarias, solidarias, justas y libres que esté a nuestro alcance. La turistificación destroza esas aspiraciones, destruye el espacio, rompe o vicia esas relaciones y lo hace acaparando nuestras casas. Desde ahí fagocita al resto de la ciudad y desde ahí la totalidad del territorio. Defender la vivienda es defender el barrio, y defender el barrio es tanto como defender el último terreno de estás malditas ciudades que aún podemos considerar nuestro.

 

 

(*) Ruymán Rodríguez es miembro de la Federación de Anarquistas de Gran Canaria.

 

Notas:

 

1 Mientras en otros lugares del Estado abundan las pintadas contra la actividad turística, en Canarias ha sido muy frecuente ver que las pintadas de la izquierda independentista reclaman justo lo contrario: “¡El turismo es nuestro!”.

2 Según un informe del Gobierno de Canarias llamado Alquiler vacacional en Canarias: Demanda, Canal y Oferta, 2015.

3 H. Mederos, “Canarias, la región donde el turismo aporta más empleo a la economía” (La Provincia, 14/4/2016).

4 A. Fuentes, “La cara oculta y precaria del turismo” (El Periódico, 21/10/2016).

5 Datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) de 2017.

6 Redacción, “Canarias sigue pagando el segundo sueldo más bajo de España, solo el 85% del registro nacional” (El Diario, 10/5/2017).

7 Datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2016.

8 Ibíd.

9 Fuentes, op.cit.

10 Según datos del ISTAC (Instituto Canario de Estadística) de 2016.

11 Europa Press, “Canarias cierra 2016 con 13,3 millones de turistas extranjeros” (Diario de Avisos, 31/1/2017).

12 Servimedia, “España recibió 75,3 millones de turistas en 2016, un 9,9% más” (El Economista, 12/1/2017).

13 Gobierno de Canarias, op.cit.

14 Ibíd. Aunque hay que poner en cuarentena estas cifras del Gobierno de Canarias y no descartar que puedan superar fácilmente los 30.000. Así como dicho organismo da una cifra de viviendas abandonadas bastante menor de la que reconocen otras instituciones, los números en alquiler vacacional también les bailan bastante. En el programa “El Foco” (Radio Televisión Canaria, 7/7/2017) el viceconsejero de turismo Cristobal Rosa repitió con insistencia, en un debate sobre alquiler vacacional, que las viviendas que su gobierno tenía censadas eran exactamente 29.931.

15 Gobierno de Canarias, op.cit.

16 R. Glass, London: Aspects of change, 1964.

17 Es la misma reforma que liberalizó el alquiler vacacional y lo convirtió en competencia de las Comunidades Autónomas.

18 Gobierno de Canarias, op.cit.

19 Datos del INE de 2012. En 2016 se empieza a hablar de 135.000 casas vacías (S. Lachica, “La ultraperiferia canaria: los sueldos más bajos y 135.000 inmuebles vacíos”, El Diario, 28/5/2016). Según Tinsa (empresa dedicada a la tasación de inmuebles) en Las Palmas el 21,4% de las viviendas están vacías, y en la provincia de Santa Cruz el 17,6% (datos de 2016).

20 Lachica, op.cit.

21 D. Esperanza y R. Ruiz, “El alquiler la opción más rentable en inversión inmobiliaria” (Expansin, 22/5/2017).

22 Redacción, “El alquiler de viviendas, en niveles récord del último medio siglo” (El Mundo, 5/1/2017)

23 Según datos de AFI (Analistas Financieros Internacionales) en 2017.

24 Ibíd.

25 Europa Press, “El precio del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria sube respecto a los niveles previos a la crisis” (El Diario, 26/6/2017).

26 Datos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) de 2016.

27 Ibíd.

28 El mismo organismo judicial revela que en ciudades como Barcelona el porcentaje es aún mayor y 9 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler.

29 Las páginas inmobiliarias como Fotocasa.es están llenas de estos ejemplos.

30 Decreto 113/2015.

31 Agencia EFE, “El TSJC anula varios preceptos del decreto canario de alquiler vacacional” (La Provincia, 27/4/2017).

32 La cita atribuida al filósofo escita Anacarsis (siglo VI a. C.) está muy bien desarrollada en este fragmento de la emblemática obra El Gaucho Martín Fierro (José Hernández, 1872):

“La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico,

no la tema el hombre rico, no la tema el que mande,

pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda [sic] a los chicos.

Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja,

el que la aguanta se queja, más el asunto es sencillo,

la ley es como el cuchillo, no ofiende [sic] a quien lo maneja.

Le suelen llamar espada y el nombre le sienta bien,

los que la manejan ven en dónde han de dar el tajo,

le cae a quién se halle abajo, y corta sin ver a quién.

Hay muchos que son doctores, y de su ciencia no dudo,

mas yo que soy hombre rudo, y aunque de esto poco entiendo

diariamente estoy viendo que aplican la del embudo”.

33 Ciertamente no se puede generalizar, y es evidente que muchos otros turistas, sean o no de clase alta, sí tienen una mentalidad elitista, colonizadora, que al menos en un destino como Canarias se suele revelar con las típicas manifestaciones despectivas del europeo que viaja a África, del “civilizado” que viaja al “tercer mundo”. No obstante, estos prejuicios no los tienen por ser extranjeros, sino por ser clasistas. No debemos olvidarlo.

34 Esta batería de exigencias las redacté como una propuesta de mínimos para el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Como aún está en estudio, y visto lo poco dados que somos al trabajo teórico, puedo aventurarme a compartirla.

35 P. Kropotkin, La conquista del pan, 1892.

36 Aunque el concepto se le atribuye a Marx, ya antes que él P.J. Proudhon explicó el proceso en su primera obra de importancia: ¿Qué es la propiedad? (1840).

37 Esta “trilogía de la usura” aparece recurrentemente en la literatura proudhoniana, desde las primeras obras del propio Proudhon (como la mencionada en la nota anterior) hasta los textos finiseculares de Benjamin R. Tucker como Socialismo de Estado y anarquismo: en qué se parecen y en qué difieren (1896).

38 “Propongo que se opere la liquidación de los alquileres. Todo pago de la renta equivaldrá para el inquilino a una parte proporcional e indivisa de la casa que habite o de cualquiera de los edificios de alquiler que se usen para habitación de los ciudadanos” (Proudhon, Idea general de la revolución en el siglo XIX, 1851).

39 “La idea del alojamiento gratuito se manifestó claramente durante el sitio de París [se refiere a 1870, en plena Guerra Franco-prusiana], cuando se pedía la anulación pura y simple de los inquilinatos reclamados por los propietarios. También se manifestó durante la Comuna de 1871, cuando el París obrero esperaba del Consejo de la Comuna una resolución enérgica aboliendo los alquileres” (Kropotkin, op.cit.).

40 Podríamos citar ejemplos tan paradigmáticos como el Consejo de Baviera de 1919 (“Un comisario del pueblo designado para el régimen de vivienda ordena la requisa de todos los alquileres en el territorio de Baviera. Cada familia sólo tendrá derecho en adelante a un comedor, al lado de la cocina y de habitaciones” [R. Lewin, “Erich Mühsam y la Revolución de Baviera” en Polémica, nº 11/3/1983]) o la experiencia de Kronstadt en el período de 1917-1921 (“A principios de 1918, la población laboriosa de Kronstadt, tras debates en múltiples reuniones, decidió proceder a la socialización de locales y viviendas. […] El primer artículo [del proyecto aprobado por el soviet] declaraba: ‘Queda abolida en adelante la propiedad privada de bienes raíces e inmuebles’. En otros se especificaba: la gestión de todo inmueble incumbirá al Comité de vivienda, elegido por sus ocupantes. Los asuntos importantes relativos a un barrio lo serán en asamblea general de sus habitantes, quienes designarán a los miembros del Comité de barrio. […] Bien pronto quedaron constituidos los comités (de vivienda, de barrio, etc.) y empezaron a funcionar. El plan entró en vigor, haciéndose realidad el principio «Todo habitante tiene derecho a adecuado alojamiento»” [V.M. Eichenbaum “Volin”, La Revolución Desconocida, 1945]).

41 “[..] Cada vez que un arrendatario paga la renta, obtiene sobre el campo confiado a sus cuidados una fracción de propiedad cuyo denominador es igual a la cuantía de esa renta” (Proudhon, ¿Qué es…)

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