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Por Ángel Cuenca Sanabria
Domingo, 30 de julio de 2017

Respuesta al desafío marroquí

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El pasado seis de julio - escribe ÁNGEL CUENCA - anunciaba el Gobierno de Marruecos su intención de actualizar la delimitación de su Mar Territorial (MT) y de solicitar la ampliación de su Plataforma Continental (...).

 

   El pasado seis de julio anunciaba el Gobierno de Marruecos su intención de [Img #50174]actualizar la delimitación de su Mar Territorial (MT) y de solicitar la ampliación de su Plataforma Continental  (PC), algo aparentemente normal siempre que se ajuste al Derecho internacional vigente.

 

 

   Su Portavoz, Mustafa Jalfi, afirmó que Marruecos “no necesitaba para ello consultar con ningún otro país”, es decir, que podía actuar de forma unilateral, lo cual es correcto para el MT  sin extenderlo más allá de la línea media equidistante con los Estados cuyas costas sean adyacentes o estén situadas frente a frente a las suyas. 

 

 

     Respecto a la solicitud de ampliación de su PC más allá de las 200 millas, no resulta tan correcto porque en el único sector donde tal pretensión sería factible, a saber, una estrecha franja situada al oeste del Estrecho de Gibraltar, a la altura del paralelo 35, debe compartir finalmente su solicitud con Portugal ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCS por sus siglas en inglés), al solaparse totalmente las posibles  ampliaciones de la PC de ambos  países en dicha zona. El resto de la PC marroquí no alcanza -en ningún otro sector- las 200 millas de anchura necesarias para plantear su ampliación, concretamente en el Atlántico, al impedírselo las plataformas continentales de las islas de Madeira y Canarias.

 

 

    Pero Jalfi añadía en su comparecencia, desvelando el más importante motivo de las citadas iniciativas, que se adoptaban “para poner fin a los argumentos que ponen en duda la soberanía de Marruecos sobre sus aguas territoriales”.

 

 

    Se estaba refiriendo, dejémoslo claro, al Fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea (UE), de 21.12.2016,  sentenciando que “El Sahara Occidental no forma parte de Marruecos” y declarando ilegal, por tal motivo, la aplicación en aquél territorio y sus espacios marinos del Tratado de Asociación UE-Marruecos y del Acuerdo Pesquero 2015-2018. Uno de los triunfos diplomáticos más resonantes del Frente POLISARIO y auténtico punto de inflexión histórico para la toma de posiciones de los estados europeos respecto a un conflicto que dura más de cuarenta años.

 

 

  Pero Marruecos cuando habla de sus aguas territoriales, no se refiere sólo a su MT que tiene delimitado desde 1973, hasta Punta Stafford, límite fronterizo con el Sáhara Occidental.  Recordemos que ya en julio de 2015 había presentado ante la CLCS, a modo de aperitivo,  un “Reporte de informaciones sobre la PC atlántica del Reino de Marruecos más allá de las 200 millas marinas”, incluyendo en ella a la PC saharaui.

 

 

Marruecos debe solicitar la ampliación de su PC antes de 2017

 

 

   Según la normativa de la CLCS, los estados que pretendan ampliar su PC deben solicitarlo antes de cumplirse diez años desde su ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cosa que Marruecos hizo en 2007, debiendo por tanto presentar su solicitud formal en 2017 para evitar que su pretensión decaiga, acompañada de los estudios geológicos que demuestren la prolongación física de la plataforma hasta las 350 millas. Por ello necesita delimitar también el MT del Sahara Occidental y fijar sus líneas de base, desde las que debe medirse el límite exterior de la posible PC ampliada.

 

 

   Está claro, por tanto, que este perentorio plazo quiere ser  aprovechado por Rabat para, de paso, dar una primera respuesta de calado a la UE y su Corte de Justicia. Una estrategia desafiante de la legalidad internacional -en la que se basa la citada Sentencia de la Corte europea-, perfectamente evitable, sin renunciar a sus posiciones sobre el Sahara, con sólo pedir a la CLCS  la suspensión temporal de los plazos para solicitar la ampliación de “su” PC  al sur del paralelo 27.40, por estar pendiente en la zona un referéndum de autodeterminación auspiciado por la ONU.

 

 

   Sin embargo, prefieren optar por una actitud no sólo desafiante sino altamente grotesca, al pretender que un organismo de la ONU, como la CLCS, admita a trámite una solicitud referida a un Territorio No Autónomo (TNA), como el Sahara Occidental desde 1963, presentada por un país que no figura como Potencia administradora en la lista de TNA de la ONU y sin consultar al  pueblo saharaui y su representante, el Frente POLISARIO.

 

 

    Evidentemente, la solicitud marroquí no tiene ninguna posibilidad de ser atendida por la CLCS en lo referente a la ampliación de la PC del Sahara, un papelón que Rabat podría ahorrarse, igual  que el nuevo triunfo político que sumaría el POLISARIO en tan corto espacio de tiempo.

 

 

Potencia ocupante del Sahara Occidental

 

    La CLCS ha admitido a trámite y resuelto otras solicitudes referidas a varios TNA, pero siguiendo siempre los procedimientos establecidos por el Comité Especial para la independencia de las colonias y la Asamblea General de la ONU, incumplidos sistemáticamente por Marruecos como Potencia ocupante del Sahara Occidental.  Sí, decimos Potencia ocupante, en vez  del eufemismo de  “Potencia administradora de facto” que el mismo Marruecos rechaza.

 

 

    De hecho, jamás cumplió con las obligaciones exigidas a una Potencia administradora, negándose a transmitir información técnica y estadística sobre el Territorio según exige el Artículo 73 (e) de la Carta ONU, ignorando por completo al Comité Especial  y despreciando el Principio consagrado de la “soberanía permanente sobre los recursos naturales”,  como derecho de los pueblos y las naciones coloniales, establecido por la Asamblea General en su Resolución 1803 (XVII). Un saqueo sistemático de recursos naturales acompañado de una colonización demográfica masiva, desplazando al Sahara centenares de miles de marroquíes, y una feroz represión policiaca y militar sobre la población saharaui antes las propias barbas de la MINURSO.

 

 

   Pero este conflicto no sólo se ha tratado como una cuestión de descolonización a nivel de Asamblea General, sino también a nivel del Consejo de Seguridad como una cuestión de paz y seguridad. Sobre todo desde que Marruecos y el POLISARIO aceptaron en 1988,  las propuestas de arreglo del Secretario General de la ONU y el Presidente de la OUA, proceso político que ha estado desde entonces bajo la competencia del Consejo.

 

 

   Cerca de tres décadas después, es harto evidente que Rabat sólo aceptó aquél llamado plan de paz y el referéndum de autodeterminación para ganar tiempo y acabar con una guerra que estaba resquebrajando los propios cimientos de la monarquía alauita. Periodo en el que ha utilizado todo tipo de tácticas dilatorias para bloquear la consulta, hasta el extremo de declarar oficialmente que sólo aceptaría un referéndum si es confirmatorio de la marroquinidad del Sáhara Occidental.

 

   Va siendo hora, por tanto, de que la comunidad internacional adopte medidas realmente eficaces para hacer cumplir el plan de paz previsto por la ONU, antes de que vuelvan a sonar los tambores de guerra, con las nefastas consecuencias que implicaría para las poblaciones afectadas y sus secuelas de inestabilidad para una región dónde estamos inmersos hasta las pestañas, a escasos cien kilómetros del conflicto.

 

 

Medidas a tomar en favor del referéndum

 

   Lo que puede y debe hacerse desde Canarias y el Estado español no es poco, sobre todo desde la perspectiva de las fuerzas progresistas, de izquierdas y verdaderamente transformadoras, tanto desde la calle, como desde las instituciones públicas. Incluso en esta misma Legislatura, en la que sería factible propiciar las mayorías parlamentarias necesarias para instar las actuaciones correspondientes del Gobierno español.

 

   Las iniciativas en respuesta al desafío marroquí pasan primeramente por favorecer la celebración del referéndum de autodeterminación del Sahara en el menor plazo posible, presionando en todas las instancias internacionales. Para ello, el Estado español debe asumir sus responsabilidades como garante del proceso de descolonización, en su calidad de potencia administradora de iure de dicho TNA, desempeñando un papel activo ante el Consejo de Seguridad de la ONU.  Urgiendo, antes que nada, a que se dote a la MINURSO de competencias para supervisar el respeto de los derechos humanos en el territorio durante el proceso.

 

   No se pueden tolerar más paños calientes como los del Ministro Dastis en su visita a Las Palmas y mucho menos por temor a los chantajes migratorios de Rabat, como hiciera al conocerse la resolución citada del Tribunal de Luxemburgo, o por intereses económicos, ya que son la supervivencia de un pueblo y la paz y seguridad en nuestra región las que están en juego.

 

   Quienes tanto apelan al patriotismo español como respuesta al desafío catalán, deben ser consecuentes reconociendo que el único pueblo árabe, bereber y musulmán que habla la lengua de Cervantes fue despojado a traición de la nacionalidad española en 1976, por el Gobierno español de turno, condenándoles a ser apátridas.  Una mancha histórica que pueden lavar y   restaurar la dignidad nacional perdida, aceptando devolver a quienes fueron sus compatriotas y a sus descendientes la nacionalidad que le arrebataron, sin discriminaciones por residencia, ni plazos. Sería ésta otra de las iniciativas a promover desde ya en el Parlamento español.

 

   Asimismo y siguiendo la nueva doctrina del Tribunal de Luxemburgo, enviar Nota Verbal a la Secretaría General de la ONU, División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar,   manifestando, tal como ha venido haciendo Marruecos ante las solicitudes de ampliación de la PC al Oeste de Canarias, que rechaza cualquier delimitación unilateral de la PC en el Sáhara Occidental hasta que el pueblo saharaui ejerza su Derecho de autodeterminación. Lo mismo que, de presentarse finalmente la solicitud, comunicar a la CLCS –según contempla  el Anexo I, punto 5 (a) de su Reglamento- que la pretensión marroquí no cuenta con el consentimiento de España, en lo referente a la ampliación de la PC del Sáhara.

 

   La ausencia del telurio  en este artículo es intencionada, para no  confundir los efectos con las causas. Su posible aprovechamiento no comenzará antes de varias décadas y no es lo que preocupa ahora mismo en Rabat. Titulares sensacionalistas como “Marruecos se apropia de las aguas del Sahara para disputar el telurio a Canarias” pueden valer -deontología periodística aparte- para compensar la sequía de noticias propia del verano.  Y aclarando, por una parte, que las aguas supra yacentes a la ampliación de la PC no son “apropiables” por ser siempre de Alta Mar y, por otra, que para disputarnos el telurio tendríamos que tener los derechos de soberanía sobre el mismo,  que actualmente detentaría España y no Canarias. Los derechos soberanos, además de reclamarlos, hay que luchar por ganárselos.

 

Así que mejor haríamos en no andarnos por las ramas e ir a la raíz del problema, si queremos realmente contribuir a solucionarlo de una vez. ¿Alguien duda en Canarias lo mucho que nos jugamos en este envite?...

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