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Jueves, 15 de junio de 2017
Las familias amenazadas de desahucio en los barracones de Juan Grande se organizan para resistir:

"NO TENEMOS MIEDO A LOS HEREDEROS DEL CONDE, LUCHAREMOS HASTA EL FINAL POR NUESTRAS VIVIENDAS"

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El pasado lunes, los vecinos de los barracones de Juan Grande, en el municipio grancanario de San Bartolome de Tirajana, ofrecían una rueda de prensa para hacer público el conflicto que mantienen con los herederos del conde de la Vega Grande (...).

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  Fotografías cedidas por el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria

 

 

 

    El pasado lunes, 12 de junio, los vecinos de los barracones de Juan Grande, ubicados en el municipio grancanario de San Bartolome de Tirajana, ofrecían una rueda de prensa para  hacer público el conflicto que mantienen con los herederos del conde de la Vega Grande.

 

 

 

  Durante el transcurso de esta rueda,  explicaron el posible desalojo al que se enfrentan 19 familias, con 24 menores de edad, varios ancianos y personas con enfermedades crónicas.

 

 

 

    Apoyados por el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria, varios de los vecinos afectados tomaron la palabra para explicar su dramática situación.      

 

 

 

   Ana, Milagrosa y Ayesa, mujeres que representan a tres generaciones diferentes, pusieron voz a la lucha de 63 personas que pueden verse en la calle de la noche a la mañana.

 

 

 

   Ana, una mujer que ha vivido 27 de sus 75 años en los barracones, denunció "las mentiras del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, quien declaró a una televisión local que los vecinos habían firmado un contrato de alquiler con el conde".

 

 

 

   Ana, que ha sufrido dos infartos y una insuficiencia renal en los últimos nueve meses, afirmó que "la corporación municipal no les ha ofrecido ninguna alternativa habitacional hasta el momento y se mostró escéptica ante un alcalde que siempre les ha dado la espalda".

 

 

    En segundo lugar, Ayesa, la más joven de las tres, narró cómo un empleado del conde se presentó un día a las 8 de la mañana en los barracones y, sin previo aviso, comenzó a derribar la casa colindante a la suya con un martillo amortiguador.

 

 

   "En dicha casa - explicó - vivía la única vecina que tenía relación de alquiler con el conde: al rescindir el contrato con éste, la vecina abandonó la vivienda".

 

 

   La joven, madre de un bebé de 14 meses, narró también como "despertó ese día entre el pánico y el desconcierto que sembraba el ruido atronador del martillo".

 

 

   "Llamamos a la policía para denunciar el abuso que estaban cometiendo con nosotros  -explicó Ayesa - pero nunca aparecieron. Cuando el abogado del conde me entregó en mano la carta en la que nos conminaban a desalojar nuestros hogares,  le pregunté que a dónde podíamos ir. No obtuve respuesta".

 

 

 

 

CON EL TOTAL ABANDONO DE LAS INSTITUCIONES

 

 

 

  Milagrosa, otra de las vecinas afectadas, declaró que las familias de los barracones habían solicitado viviendas sociales dignas y acordes a la situación económica de cada una.

 

 

 

   "Si, como se afirma desde las instituciones, no hay suficientes viviendas públicas  -reclamó - que nos permitan quedarnos en nuestras casas  hasta que la administración construya nuevas viviendas".

 

 

 

   Finalmente, un vecino que lleva 58 años viviendo en los barracones relató las condiciones de esclavitud en las que con sólo 9 años empezó a trabajar para el conde y denunció que hasta el  el año 1999 el agua, la luz y los baños de los barracones eran comunes y sólo tenían luz de 6 de la mañana a 10 de la noche".

 

 

 

   Tras la intervención de las tres portavoces, miembros del Sindicato de Inquilinos (SIGC) denunciaron que la administración "había incumplido su compromiso de realojar a las familias afectadas por la modificación del Plan General de Ordenación Territorial".

 

 

 

 

    "Según este plan general apuntaronel terreno en el que están los barracones fue declarado “zona industrial” y los vecinos afirman que el alcalde les confesó que el ayuntamiento tiene la intención de comprarlo para construir una nave industrial".

 

 

 

    Por otro lado, los miembros del SIGC lamentaron que "en pleno siglo XXI, en un Estado que presume de ser adalid de los Derechos Humanos, se pisotee sin reparo el derecho de estas personas a una vivienda digna. Además, anunciaron la estrategia de resistencia al posible realojo: desde la guerra mediática al piquete para evitar el desahucio".

 

 

 

   "Es preciso recordar  -dijeron  -"que según se recoge incluso en documentos firmados por el conde, estas casas aparecen descritas como “cuartuchos para animales”. Sólo el enorme esfuerzo y los magros recursos económicos de las familias han logrado convertirlas en viviendas dignas y acogedoras".

 

 

 

   "Las familias de Juan Grande - afirmaron los intervinientes - queremos enviar un mensaje contundente a los herederos del conde: no tenemos miedo y vamos a luchar hasta el final por mantener nuestras viviendas si la administración no les asegura una alternativa habitacional digna y acorde a sus ingresos".

 

 

 

   "Frente al caciquismo y la administración servil - concluyen desde el Sindicato de Inquilinos-  estas 63 personas se han organizado para defender sus derechos más elementales. Y no están solas: tienen el apoyo y la asesoría del Sindicato  y la simpatía de 61 colectivos del Estado, e incluso del continente americano, que no permitirán que se queden en la calle".

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