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Lunes, 12 de junio de 2017
Con la pasividad cómplice del Estado

CONTINÚAN LOS ASESINATOS DE ACTIVISTAS SOCIALES COLOMBIANOS

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   Bernardo Cuero, el último activista colombiano asesinado

 

 

 

Por JOSÉ MELQUIADES/CANARIAS SEMANAL.ORG.-

 

 

 

    La muerte del activista colombiano Bernardo Cuero, ocurrida la pasada semana,  constituye  un asesinato político anunciado que el Estado colombiano no evitó a pesar de las continuas peticiones de protección para su vida que, durante 17 años, realizara a las autoridades competentes.

 

 

 

    Con total impunidad, un sicario le descargó siete tiros en la puerta de su propia casa en un barrio de infraviviendas de Malambo,  aledaño al área metropolitana de la turística ciudad de Barranquilla.

 

 

 

   Según reportes de prensa alternativa, desde 2013 este hombre de 64 años venía pidiendo al Estado seguridad para el desempeño “tranquilo” de sus actividades de activismo social.

 

 

    Tal era el riesgo que corría su vida que ese mismo año la organización Afrocolombianos Desplazados AFRODES, de la que era  Fiscal nacional y coordinador en el Atlántico,  lo incluyó en una lista de 140 líderes de la organización que estaban amenazados en todo el país. El caso lo presentaron incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pero no logró obtener la dedicación que dicha organización le brinda a las denuncias sobre supuestas violaciones de derechos humanos en Venezuela, que la oposición realiza con fines políticos.

 

 

 

    La respuesta del Estado colombiano ante las peticiones del activista ahora asesinado y su organización social  fue siempre la misma: que su riesgo de muerte era  “ordinario”, es decir, común, y que por lo tanto no “ameritaba ningún esquema de protección para su vida” por parte de las instituciones del Estado.

 

 

 

    Este nuevo crimen, que se suma a la larga lista de activistas asesinados, confirma que la actividad paramilitar el Colombia es una realidad soslayada para poder cantar loas al "proceso de paz" en ese país, como si hubiesen sido las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP la causa, y no la consecuencia, de la violencia estructural de esa sociedad profundamente dividida en clases.

 

 

 

    Como lo confirman varias organizaciones sociales colombianas,  ante esa realidad “el Estado mira para otro lado y no asume la urgente tarea de combatir y desmontar los grupos paramilitares, obstáculo fundamental para abrir la puerta a la democracia real, con garantías para el ejercicio de oposición”.

 

 

 

     Desde estas organizaciones se confirma que en el zona del Atlántico colombiano, y en especial en la ciudad de Barranquilla, el fenómeno de la violencia crece de manera preocupante. Allí,  “la escena cotidiana” son las disputas por el control de  las rutas del narcotráfico, protagonizada por grupos de delincuentes bien organizados y pertrechados en armas y en número, que se nutren de los miles de jóvenes sin oportunidades. 

 

 

 

 

    Mientras tanto el gobierno de Colombia que preside Juan Manuel Santos continúa incumpliendo el Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla. Algo que a todas luces abre la posibilidad de que cualquiera de las tantas Cortes judiciales existentes en Colombia declare nulos los decretos presidenciales implementados para el acuerdo. Una posibilidad que se materializaría después de las elecciones presidenciales del próximo año. Basta decir que las encuestas revelan que 7 de cada 10 colombianos rechazan la reelección de Santos.

 

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