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Jueves, 8 de junio de 2017
El "chivatazo" que previnó a Ignacio González

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN: ¿EL AMPARO DE LOS CORRUPTOS?

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En España -sostiene el periodista Tomás F. Ruiz - los fiscales sirven servilmente a un sistema judicial que acosa a los ciudadanos que reclaman sus derechos y que garantiza la impunidad para que los magnates y poderosos violen las leyes a su antojo (...).

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 MANUEL MOIX, EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN OBLIGADO A DIMITIR, CON EL ENCARCELADO EX PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID IGNACIO GONZÁLEZ

 

 

 

  Por TOMÁS F. RUIZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-


 

     En todo sistema judicial la figura del fiscal representa la parte acusadora. Por ley, el fiscal es el encargado de perseguir el delito y acusar al presunto delincuente ante el tribunal. Los fiscales son la parte del sistema que dictamina si el acusado es o no susceptible de ser juzgado y los encargados de presentar cargos y pedir condenas. En el caso de España, los fiscales sirven servilmente a un sistema judicial que acosa a los ciudadanos que reclaman sus derechos y que garantiza la impunidad para que los magnates y poderosos violen las leyes a su antojo.

 

 

 

 

   Según dicta la legislación vigente en el Estado español, es función del ministerio fiscal (esto es del fiscal de turno) perseguir el delito, proceder a cursar las correspondientes órdenes de detención contra todo tipo de sospechosos que hayan podido infringir la ley y ejercer como acusación pública en el procedimiento judicial que se derive de estas investigaciones.
 

 

 

 

  Dentro del ministerio fiscal existen diferentes niveles que van desde la fiscalía provincial a la Fiscalía General del Estado. En España, debido a la insólita proliferación de delitos relacionados con la corrupción, se ha creado incluso un cargo fiscal dedicado exclusivamente a perseguir este tipo de delitos: la Fiscalía Anticorrupción, a la que se ha dotado de poderes especiales para que su persecución del delito resulte más efectiva.

 

 


 

El fiscal anticorrupción

 

 

 

   Las ultimas noticias relacionadas con el cargo público al frente de esta Fiscalía Anticorrupción -el fiscal jefe Manuel Moix-, han demostrado que su labor ha sido ocuparse, precisamente, de todo lo contrario a lo que su cargo le obligaba; esto es a volver la vista para otro lado mientras las tramas de corrupción proliferaban y actuaban impunemente ante las mismas narices de su fiscalía.

 

 

 

   La revelación de la trama conocida con el nombre de Los papeles de Panamá y la participación económica del fiscal jefe anticorrupción en una sociedad panameña "fantasma" (según él mismo afirma, aunque es dueño de una cuarta parte de la sociedad no ha tenido ninguna relación ni actividad empresarial en ella,) permiten conjeturar que hasta los más altos cargos de la lucha anticorrupción reciben en España, tan presunta como generosamente, su parte del ilícito botín amasado en rentables y escandalosas maniobras ilícitas.
 

 

 

 

     Dentro de este tipo de negocios sucios se encuentran la evasión de capitales, el lavado de dinero negro, el desfalco, la estafa al fisco, la prostitución, el esclavismo sexual, el tráfico clandestino de armas, los estupefacientes... Todas estos delitos debían haber sido combatidos por el fiscal jefe anticorrupción de España; sin embargo, la realidad muestra que no solamente no fueron perseguidos, sino que han crecido en los escasos cuatro meses que Manuel Moix ha estado en su cargo. La perversión del sistema judicial y la depravación de sus representantes pueden alcanzar en España cotas de corrupción inimaginables. Ahora, más que nunca, ha quedado en evidencia hasta qué punto de degeneración institucional ha llegado la Justicia española y cómo sus instituciones judiciales están "invertidas"; esto es, que han sido creadas y diseñadas para promover y obtener precisamente todo lo contrario de aquello que sus principios fundacionales pregonan.

 

 

 

    La realidad ha vuelto a demostrar que, en el aberrante sistema judicial que nos afecta, esta Fiscalía Anticorrupción no ha sido otra cosa que un refugio para los corruptos. En lugar de mantener un Estado de derecho que garantice la justicia y persiga el crimen, en este país los garantes de la Justicia trabajan precisamente para todo lo contrario: permitir que todo tipo de cargos políticos y empresarios corruptos violen impunemente la ley y se salgan siempre con la suya.


 

 

 

 La estafa institucional de las fiscalías

 

 

 

    Veamos cómo funciona en España una denuncia ante la fiscalía. En primer lugar, todo aquel ciudadano que pretenda denunciar ante el ministerio público un hecho delictivo ha de empezar por el fiscal provincial de su demarcación geográfica. Tanto si la denuncia se refiere a una actuación ilegal de las fuerzas del orden público, como si puede atentar contra los privilegios que aun mantienen incólumes un buen número de caciques y oligarcas locales o si, pura y simplemente, amenaza a la estabilidad de cualquier institución o cargo público, este fiscal provincial se negará a actuar y archivará automáticamente la denuncia. El demandante recibirá una contestación en la que se dictamina que "el ministerio fiscal no ve indicios de delito en los hechos denunciados". El paso siguiente es recurrir la denuncia ante la fiscalía de la comunidad autónoma correspondiente. Si el fiscal autonómico sigue negándose a actuar contra los delitos denunciados, el siguiente paso es la Fiscalía General del Estado.

 

 

 

 

    Cuando este tipo de denuncias recaen en el fiscal general del Estado, éste decretará que devuelvan la denuncia a la fiscalía autonómica en la que ya ha sido presentada anteriormente, ya que es allí donde deben tramitarla. Cuando el demandante notifica a la Fiscalía General del Estado que recurre esa denuncia precisamente por haberse negado el fiscal autonómico a darle curso, el fiscal general del Estado vuelve a comunicarle que el procedimiento administrativo obliga a seguir este trámite y que su denuncia ha vuelto a ser dirigida al correspondiente fiscal autonómico. Así, pasados unos meses, el demandante vuelve a ser notificado de que su denuncia ha sido archivada, no dejándole otra opción que volver a recurrir a la Fiscalía General... Así, pueden pasar años, rebotando la denuncia de una instancia judicial a otra sin que ningún fiscal inicie las actuaciones correspondientes. La realidad ha vuelto a demostrar que en el aberrante sistema judicial que tiene España, los fiscales están ahí para burlarse del derecho legítimo a la justicia que tiene el ciudadano.


 

 

 

Delincuentes de "guante blanco"

 

 


 

    Esta forma de burlar los derechos del ciudadano a una justicia digna y eficaz tiene para el delincuente protegido, además, la ventaja de darle tiempo para que haga desaparecer todas aquellas pruebas -bien materiales, bien administrativas- que lo impliquen en delitos. Los delincuentes favorecidos dispondrán de tiempo suficiente  para, no solamente destruir documentos incriminatorios, sino también para intimidar -o retribuir convenientemente- a los funcionarios que puedan incriminarlos para que mantengan la boca cerrada. Evadir sus fortunas a paraísos fiscales como Panamá (donde el fiscal anticorrupción de España, Manuel Moix, ha resultado ser dueño de la cuarta parte de una empresa privada) es otra de las ventajas de que gozan los delincuentes de guante blanco que son avisados a tiempo.


 

 

 

    Algunos de estos delincuentes VIP llegan a sentirse tan seguros amparados bajo la protección judicial, que no se preocupan en ocultar aquellas pruebas que los implican. Sin embargo, su situación puede cambiarles radicalmente de la noche a la mañana. Sin ir más lejos, el hoy ex fiscal anticorrupción Manuel Moix se rasgaba el día 30 de abril sus vestiduras y proclamaba a los cuatro vientos que no dimitiría de su cargo. Sólo un día más tarde, el primero de junio, su dimisión se hizo publica... Como en todo, la inapelable voz de un ser superior se ha hecho oír con toda su implacable inclemencia y el fiscal anticorrupción ha agachado la cabeza.


 

El "chivatazo"  

 

 

 

   El caso de Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, es uno de los más representativos en lo que se refiere a la estrecha colaboración que existe entre el hampa y los estamentos jurídicos.

 

 

 

 

     Durante años, por un periodo de tiempo aún sin determinar, cargos públicos del holding Comunidad Autónoma de Madrid han estado utilizando el Canal de Isabel II como desagüe para todo el dinero sucio que conseguían desde sus inmerecidos cargos políticos. Sin embargo, algo debió fallar en la trama de corrupción montada por Ignacio González que inesperadamente fallaron sus cómplices (que se encontraban repartidos a lo largo de todo el espectro de la justicia española) y todos sus negocios ilícitos quedaron al descubierto.
 

 

 

 

    Normalmente es la codicia la que hace fallar este tipo de tramas de corrupción institucional. Aquellos cargos políticos y judiciales con los que no se ha contado a la hora de repartir el botín, se levantan un día con mal pie y se sienten denigrados por no formar parte de un negocio tan rentable. Su indignación puede venir también de que consideren que su complicidad con el delito cuesta más de lo que le están pagando. Aunque muy lejana, también puede darse la posibilidad de que el asunto caiga en manos de un juez o un fiscal honesto (que aunque sea a una proporción infinitesimal, no cabe duda de que en España también existen). Sean cuales fueren las razones, el caso es que un jurisprudente con potestad para hacerlo, puso en marcha la maquinaria institucional para que esta vez la justicia funcionara persiguiendo el delito, en vez de amparándolo.
 

 

 

 

   Fue de esta forma como, de la noche a la mañana, Ignacio González se vio "con el culo al aire". Todos sus fraudulentos desvíos de dinero público al Canal de Isabel II, así como el affaire conocido como "Los papeles de Panamá" salieron a la luz pública y lo implicaron a él irremisiblemente.
 

 

 

 

   A pesar de sus reuniones con los hermanos "González" (siendo Ignacio presidente de la Comunidad madrileña) y a pesar de las llamadas telefónicas registradas desde su despacho, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, jura y perjura que nunca avisó al entonces presidente madrileño de que estaba siendo investigado, de que sus conversaciones telefónicas estaban siendo intervenidas y de que se le habían colocado clandestinamente micrófonos en su despacho. Parece ser que desde la misma Fiscalía Anticorrupción se realizó una llamada anónima a Ignacio González advirtiéndole que en menos de 24 horas la policía judicial visitaría su casa y procedería a un exhaustivo registro... Manuel Moix se ha rasgado las vestiduras y ha salido en defensa de José Antonio Nieto, llegando incluso a desautorizar los informes de sus subordinados que lo implican en el "chivatazo" al ex presidente Ignacio González. En este juego entre corruptos, como en el poker, siempre se guarda la carta más alta para utilizarla cuando haga falta.
 

 

 

 

    Gracias a este "chivatazo", del que ni Manuel Moix ni José Antonio Nieto se reconocen autores, Ignacio González tuvo tiempo suficiente para hacer desaparecer los documentos más comprometedores de su trama económica. Ahora será más difícil localizar las fortunas que mantiene ocultas en paraísos fiscales como Panamá, unas fortunas que, sin lugar a dudas, le servirán para reducir ostensiblemente su condena (cuando no para evitarla) ante jueces y fiscales que cerrarán los ojos ante lucros ilícitos y no harán ascos ante las generosas prebendas.
 

 

 

 

    En su designación el pasado mes de febrero, Manuel Moix fue apoyado y promovido para su cargo por el mismo ministro de Justicia, Rafael Catalá, y por la Asociación de Fiscales de España... ¿Llegaremos a saber algún día si estos fiscales conservadores, o su no menos conservador ministro, son también propietarios de opacas empresas panameñas?

 

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