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Miércoles, 15 de marzo de 2017
La casta institucional española continuará protegida frente a las incursiones sociales

FAGOCITADA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL, NADA CAMBIARÁ EL PRIVILEGIO DE LOS AFORAMIENTOS

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De los 250.000 aforados, un auténtico ejército, 232.000 son miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Autonomías. Cinco de ellos pertenecen a la familia real, entre los que se encuentra tambien el emérito rey Juan Carlos I, que de acuerdo con la Constitución del 78, cometa el delito que cometa, es injuzgable. Nada de eso cambiará esencialmente, según nuestro colaborador Máximo Relti

      Según reveló este miércoles el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes,  en España existe actualmente un cuarto de millón de personas que gozan del aforamiento, es decir, no pueden ser juzgadas por los tribunales comunes y disfrutan del privilegio de tribunales especiales para que puedan ser juzgados.  

 

 

 

      De los 250.000 aforados, un auténtico ejército, 232.000 son miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Autonomías. Cinco de ellos pertenecen a la familia real, entre los que se encuentra también el emérito rey Juan Carlos I que, de acuerdo con la Constitución del 78, cometa el delito que cometa  es injuzgable. Un hecho insólito en pleno siglo XXI, que pone en vigor una prerrogativa de los reyes feudales del medievo.

 

 

 

     Otros 17.603 pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre los que figuran políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.

 

 

 

       Pese a que el gigantesco fenómeno del  aforamiento existente en España ha sido motivo de escándalo social, el tono y las opiniones emitidas por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lemes, indican que nada va a cambiar sustancialmente  a partir de ahora.

 

 

 

     Adelantando lo que va a suceder, Lemes dijo que “es necesario analizar la situación desde el máximo rigor posible y tratar de trasladar a la sociedad que las decisiones que se adopten en esta cuestión son fruto de la reflexión y, sobre todo, de la defensa de los intereses generales…”.

 

    

    Añadió, además, que las reformas que se hagan deberán mantener los “necesarios equilibrios”.

 

 

 

 

     Según recordó el presidente del Tribunal Supremo, “en el caso de los jueces, fiscales o policías, el aforamiento opera como garantía para el ejercicio de funciones públicas destinadas a la protección de los derechos fundamentales y que "esa garantía se podría alcanzar mediante otros mecanismos distintos al aforamiento, pero siempre teniendo en cuenta que tal garantía es necesaria".

 

 

 

    “En el caso de los políticos, -agregó - el aforamiento se concibe como garantía frente a los posibles excesos de la acusación popular que no existe en los ordenamientos jurídicos de otros países, según ha recordado” .

 

 

 

       De sus palabras puede deducirse, sin riego a equivocarse, que las “reformas” que se anuncian consistirán en cambiar aspectos formales de de la regulación actual de los aforamientos. Y que, posiblemente, afectarán a los escalafones más bajos del Estado, quedando bajo la protección de la ley todo el staff jerárquico de la casta  adscrita a la Administración, los partidos políticos y las instituciones. Con ello  sus integrantes permanecerán blindados frente a cualquier tipo de impunación social. La Constitucion monárquica del 78 no hizo sino recoger las prevenciones legales del franquismo frente a cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

 

 

 

       Durante los últimos años se tenía la impresión de que el escándalo de los aforamientos no iba a poder resistir la presión social. Sin embargo, al ser fagocitada esta por las instituciones del Estado y colapsarse la movilización popular, todo quedará muy probablemente en un “cambiar algunas cosas para que esencialmente nada cambie”.

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1 Comentario
Fecha: Sábado, 18 de marzo de 2017 a las 17:03
juancho
Las élites van cambiando el nombre a los sistemas basados en la explotación de la masa productiva trabajadora, en España antes se llamaba franquismo y ahora su verdadero nombre es demofascismo donde las normas básicas son las mismas con la justificación de que las gentes votan ese estado de cosas, lo que no se dice es que esas normas son impuestas por dichas élites con el apoyo de los medios de convicción del sistema apoyados por los medios coercitivos de la fuerza si fuera necesario.

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