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Lunes, 10 de octubre de 2016

Leyes migratorias cubanas la reforma silenciosa

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  El gobierno cubano viene anunciando reformas desde hace unos años. Para unos nada nuevo ha sucedido, otros dicen que muy poco y los menos piensan que se marcha por el camino adecuado.

 

 

   Al margen de las limitantes legislativas al uso en Cuba y ser poco dados a publicar cambios de alguna implicación política, ministerios como el Minit (Ministerio del Interior), han puesto en marcha resoluciones del ramo, normalizando las prácticas migratorias.

 

 

    Las normas migratorias y las relaciones del Estado con los emigrados, responden hoy en términos generales, a estándares al uso en los países del Hemisferio Americano.    Las medidas restrictivas, impuestas durante décadas a la migración, están casi superadas. Sólo resta por resolver la Ley de Ajuste Cubano (Cuban Adjustmen Act), la cual es parte de la Guerra Fría o quizás uno de los tantos anacronismos en las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Su eliminación está en manos del Congreso estadounidense. También quedan pendientes algunos imperativos diplomáticos, que sólo podrán resolverse cuando Cuba disponga del número necesario de consulados para atender a más de un millón de sus ciudadanos residiendo en Estados Unidos, lo cual enlentece trámites y respuestas. Como cabo suelto en este particular existen también algunos tipos de “castigos”, impuestos a unos pocos emigrados, como la negación de visitar el país a quienes salen por medios ilegales hacia Estados Unidos y logran acogerse a la residencia automática que la Ley de Ajuste Cubano les confiere. Son algunos remanentes de la Guerra Fría y sobre todo de los mecanismos de defensa del país, frente a las conspiraciones y ataques terroristas originados especialmente en Miami para provocar la desestabilización del gobierno. Sin dudas que la complejidad del caso cubano, con la existencia de un nutrido grupo de sus ciudadanos amparados por las autoridades estadounidenses durante cincuenta años, utilizados como punta de lanza para cambar al gobierno de La Habana, requerirá de normas muy particulares durante muchos años más. Entre otras, la prohibición de ingresar al país a los conspiradores, quienes de hacerlo tendrían que enfrentar las cortes cubanas y que, por razones obvias, para no darle falsos argumentos a cierta prensa internacional, es preferible prohibir su entrada al país.

 

 

 

   Uno de los aspectos más significativos de la normalización migratoria que ha tenido lugar en los últimos años, es el derecho a residir y hacer uso de sus derechos ciudadanos, a quienes vivimos en el exterior.

 

 

 

   Esto último sella un capítulo lleno de regulaciones policíacas, de injustos criterios respecto a los emigrados, aplicados colectivamente, además de insultos, vejaciones y el despojo de la nacionalidad por decreto, a muchos de quienes decidían trasladarse a otros países, convirtiéndolos en apátridas. Estas y otras acciones fueron tomadas en medio de una guerra de baja intensidad, iniciada por personas disgustadas por las afectaciones económicas que ocasionaron las primeras reformas al inicio de la Revolución y por las limitaciones políticas impuestas al triunfo insurreccional. Aunque dichas medidas no afectaban a la mayoría de dueños de tierras productivas y mucho menos a la ciudadanía en general, tampoco a los comerciantes y las pequeñas empresas criollas que iban floreciendo, la implementación de las primeras reformas y la “amenaza comunista” anunciada por la Iglesia Católica, fueron cuidadosamente utilizadas por Washington, para alentar conspiraciones de carácter insurreccional y desencadenar violencias terroristas en las ciudades y el campo. La confusión creada por una propaganda minuciosamente dirigida, junto a la prédica negativa de una institución como la Iglesia Católica y las desinformaciones diseminadas por la inteligencia estadounidense, permitió reclutar una gran masa de granjeros, colonos y profesionales, que en realidad no fueron afectados con las reformas al comienzo de la revolución, sino por el contrario, muchos se habían beneficiado de las mismas. A ese grupo también se sumó, en medio de las confusiones, un gran porcentaje de antiguos conspiradores e insurrectos que habían combatido a la dictadura de Batista.

 

 

 

   Dicho proceso originó la formación de un tipo especial de migración que en nada se asemejaba a la existente en el resto del Hemisferio, durante el cual Estados Unidos acogía como “refugiados políticos” (aun cuando sus leyes no contemplaban esta figura legal) a todo cubano que llegara a sus playas, al margen de las razones que los impulsaran a emigrar. El Estado cubano en respuesta, consideró a todos los llegados a Estados Unidos como enemigos.

 

 

 

   Dicho panorama, actualmente parece estar totalmente superado y Estados Unidos de América no cuenta con la misma impunidad del pasado para imponer criterios por la fuerza. Este es el principal factor que ha permitido al gobierno cubano normalizar sus políticas migratorias.

 

 

 

   Dada la historia de agresiones directas e indirectas de Estados Unidos contra el Estado cubano, el factor migratorio se convirtió en el objetivo más importante del gobierno cubano, cerrando sus puertas hacia el exterior y calibrando cuidadosamente ingresos y salidas, imponiendo además restricciones para repatriarse a quienes emigraban, hasta el punto de convertirlo en algo imposible.

 

 

 

   En épocas de guerra, lo primero que hacen los países es bloquear sus fronteras. Esto fue lo que sucedió en el caso de Cuba. Terminada esa etapa y comenzada una de relativo equilibrio de relaciones con Washington, la primera acción frente a la guerra es el primer aspecto a solucionar en la paz.

 

 

 

  Silenciosamente se restauran las políticas migratorias, adaptando muchas de ellas a los nuevos tiempos.

 

 

 

    Así lo veo y así lo digo.

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