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Lunes, 14 de diciembre de 2015
Una operación más que dudosa, con una evidente significación política

LA JUEZ ROSELL, MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ, CARLOS SOSA Y LA "PROGRESÍA" DE PODEMOS

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    Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- El pasado fin de semana se conocía la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de ordenar a la Fiscalía que "aparque" hasta despues de las elecciones  la investigación abierta a Victoria Rosell,  juez en excedencia y candidata de Podemos al Congreso por Las Palmas. Como se recordará, la fiscal Evangelina Ríos investiga a Rosell para determinar si dilató una causa contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, coincidiendo con la compra del empresario de una emisora de radio a su pareja Carlos Sosa. 

 

 

    Los cuatro colegas de Rosell decidieron, por la vía de urgencia, adoptar esta medida solicitada por la magistrada, para "proteger los derechos fundamentales" de la cabeza de lista del partido de Pablo Iglesias por Las Palmas. En su auto, el TSJ de Canarias acuerda también dar tres días de plazo a la Fiscalía para que presente sus alegaciones al recurso. Posteriormente, resolverá si mantiene la protección sobre Rosell y confirma la suspensión de toda acción del ministerio público hasta que se celebren las elecciones del próximo 20 de diciembre.

 

 

     Más allá de la consideración que nos pueda merecer un dictamen que, en cualquier caso,  no se ha aplicado con anterioridad a otros políticos, lo cierto es que un somero conocimiento de la "Justicia" española basta para augurar que la investigación abierta contra Maria Victoria Rosell tiene todas las papeletas para quedar en agua de borrajas. Sin que de ello puede inferirse sin más, obviamente, la inocencia de la investigada.

 

 

 

UNA OPERACIÓN DUDOSA LLEVADA EN SECRETO

 

 

   Aunque los aspectos presuntamente delictivos de esta turbia historia todavía son objeto de investigación, y no existen garantías de que podamos llegar a conocer la verdad sobre ellos, existen otros hechos conocidos que deberían ser sometidos a la reflexión pública.  

 

 

    La Fiscalía sigue indagando, en efecto, en la instrucción que dirigía Rosell contra  Miguel Ángel Ramírez, imputado por una presunta estafa a Hacienda y la Seguridad Social de más de 20 millones de euros, para saber si la juez evitó actuar contra él, otorgándole un presunto "trato de favor", al tiempo que el empresario y la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa,  pactaban una operación por la que éste último se embolsaría la friolera de 300.000 euros.

 

 

   Cabe señalar a este respecto que el pasado fin de semana, el juez que sustituye a María Victoria Rosell en este caso imponía a Ramírez una fianza de 35 millones de euros, atendiendo a las solicitudes de las acusaciones personadas en esta causa. Estas peticiones estaban pendientes desde el 29 de abril de 2014. Una circunstancia que tuvo en cuenta la Fiscal Evangelina Ríos a la hora de abrir la investigación sobre las posibles irregularidades en la actuación de  Rosell.

 

 

    Pero, más allá de estos aspectos judiciales, es también un hecho objetivo la operación mediante la cual Carlos Sosa puso en manos del influyente empresario - ya condenado por otro delito e imputado por el Ejecutivo Rajoy- una licencia de radio obtenida por el periodista por sus estrechos vínculos con el PSOE, partido miembro del Gobierno canario.

 

 

      Los casi 50 millones de las antiguas pesetas que la transacción reportaron a Sosa constituyen, según los entendidos en la materia, un precio significativamente superior al del mercado. Así parece corroborarlo, efectivamente, el contrato que antes  había suscrito el propio Carlos Sosa con Fernando Ortega, director de Todoradio, a  quien había cedido la utilización de la frecuencia de Canarias Ahora Radio por solo 60.000 euros  durante un periodo de 10 años.

 

 

   Según declaraciones del propio Ortega, el 6 de octubre llegó a un acuerdo con  UD Radio para la explotación conjunta de la frecuencia y fue este momento, cuando Rosell aún se encargaba de la causa de Miguel Ángel Ramírez, cuando Carlos Sosa "maniobró para arrebatarle la operación".

 

 

   Según consta en una declaración de Fernando Ortega -publicada por el diario derechista  El Mundo Sosa se dispuso a realizar el mismo el negocio y el 14 de octubre le confirmó que ya lo había cerrado por el importe de 300.000 euros.

 

 

   El 28 de octubre, Carlos Sosa recibía 101.500 euros mediante transferencia bancaria desde una cuenta de Miguel Ángel Ramírez a nombre de la empresa Clan de Medios, en concepto de adelanto por el arrendamiento de la frecuencia. El resto del dinero hasta la cantidad acordada se pagaría en cuotas mensuales hasta el final del contrato.

 

 

   No son pocos los que, atendiendo a la enorme diferencia de precio abonada por el “capo” de la Seguridad Privada al periodista, han visto en la transacción el pago de algo más que una licencia de radio. Sea como fuere, no es ningún secreto que el control de los medios de comunicación, mediante los pagos directos o indirectos de la publicidad, constituye uno de los frentes que debe cubrir cualquier capitalista que se precie. Especialmente, cuando sus prácticas presuntamente delictivas requieren un continuo lavado de imagen.

 

 

 

    Significativamente, toda la operación entre Carlos Sosa y Miguel Ángel Ramírez se llevó en el más absoluto secreto. Hasta tal punto, que el Gobierno de Canarias ha incoado un expediente informativo a la empresa del periodista  por no haber puesto éste en su conocimiento el acto jurídico que se formalizó en relación a la licencia.

 

 

LA PROGRESÍA “TRANSFORMADORA” Y LOS CAPOS EMPRESARIALES

 

    Por encima de estos detalles concretos, los vínculos de relaciones entre el capo empresarial imputado y condenado, el periodista “progre", la juez estrella de Podemos y sus compañeros de partido de la vieja “izquierda” isleña vienen a poner de manifiesto un realidad sociológica que, hasta el momento, nadie ha señalado al referirse a este polémico caso.

 

 

     Reflejan, de manera evidente, como el ascenso político de esa confusa y  difusa “izquierda” integrada por miembros de la pequeña burguesía isleña, históricamente  subordinada a las clases dominantes del Archipiélago, no supondría ninguna mejora sustancial para las mayorías que, a falta de otros referentes auténticamente populares, han depositado en ellos sus esperanzas de cambio.

 

 

   Y, porque no decirlo, también la verdadera calidad moral de esta informe amalgama de abogados, sindicalistas subvencionados, jueces, periodistas, militares y trepas del montón,  que ha visto en la nueva formación socialdemócrata de Pablo Iglesias una magnífica oportunidad de colocación.

 

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